La legisladora Luciana Echevarría junto a otros dirigentes del MST denunciaron al Estado argentino ante la CIDH por violaciones a los derechos humanos

Hoy, la legisladora cordobesa Luciana Echevarría (MST en el FIT Unidad), junto al dirigente Alejandro Bodart, la diputada porteña Cele Fierro y la doctora Mariana Chiacchio (CADHU, Centro de Abogades por los Derechos Humanos), presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una detallada denuncia de 21 carillas contra el Estado argentino. La denuncia aborda temas de “restricción y represión del derecho a la protesta social, amenazas a partidos políticos y organizaciones sociales, y restricción del acceso a la tutela legal efectiva para quienes expresan opiniones disidentes con el gobierno nacional”.

Echevarría señaló: “El objetivo del protocolo de Bullrich es bloquear el derecho a la protesta en un contexto de ajuste y crisis brutal. El gobernador Llaryora y el ministro Quinteros le siguen los pasos con persecución a quienes reclaman. La única respuesta de los gobiernos frente a la tragedia social que vivimos es la criminalización, como en el caso de los dirigentes sociales procesados por pedir alimentos para los comedores comunitarios. Esto representa un claro retroceso en un Estado que se dice democrático”.

Fierro agregó: “Hace siete meses iniciamos una causa judicial contra el protocolo inconstitucional de Patricia Bullrich. La causa pasó por nueve juzgados y el último le dio carácter de hábeas corpus, pero la Corte sigue sin resolver la competencia. No hay acceso a tutela legal efectiva, mientras el gobierno aplica el protocolo, reprime, detiene e imputa personas a su antojo solo por ejercer su derecho a reclamar, como sucedió el 12 de junio en la protesta contra la Ley Bases”.

Bodart afirmó: “El gobierno nacional de Milei, Villarruel y Bullrich está intentando cambiar el régimen político vigente en nuestro país desde hace más de 40 años e ir hacia uno claramente autocrático, que avasalla las libertades democráticas para imponer su durísimo plan de ajuste y entrega a palos. Por eso, viola derechos básicos que se suponen garantizados por la Constitución y los tratados internacionales”.

Entre otras medidas, solicitan que la CIDH cite al Estado argentino a una audiencia urgente, remita el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pida a la justicia local informes sobre las causas contra el protocolo, además de liberar a las personas aún detenidas por la Ley Bases.