Luciana Echeverría, legisladora y denunciante en el caso que involucra a Oscar González, exfuncionario provincial, expresó su satisfacción por la reciente resolución judicial que ordenó la detención de González, quien está imputado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Esta decisión llega después de más de dos años de lucha para esclarecer los hechos vinculados a la tragedia vial ocurrida en las Altas Cumbres en 2022.
La denuncia inicial y la investigación
La denuncia contra González fue presentada en octubre de 2022, tras el choque de un vehículo oficial, mal administrado, que dejó al descubierto irregularidades en la gestión del funcionario. En un principio, la investigación se centró en el mal uso de recursos públicos, pero con el tiempo, la denuncia evolucionó al detectar un posible caso de corrupción más complejo, en el que González habría utilizado su posición para realizar movimientos sospechosos en su patrimonio personal.
Prisión domiciliaria: un avance histórico
En las últimas semanas, la denuncia realizada por Luciana Echeverría y su equipo legal comenzó a tomar fuerza. A fines de 2024, el fiscal Harabedian asumió la causa, y la investigación se profundizó al punto de que se descubrió una propiedad no declarada de González en Estados Unidos. Esta revelación, junto a otros elementos, motivó el pedido formal de prisión que fue finalmente aprobado por el juez Baca Narbaja. A pesar de que la decisión fue una prisión domiciliaria, Echeverría destacó la importancia de este avance, calificándolo como un «hecho histórico» que podría marcar el principio del fin de la impunidad en el caso.
Más pruebas y la necesidad de investigar a fondo
Luciana destacó que la investigación debe ir más allá de Oscar González. La legisladora denunció que el exfuncionario, durante todo este tiempo, utilizó el poder que tenía para deshacerse de bienes y transferirlos a sus familiares con el objetivo de evitar la responsabilidad legal que implicaría una posible sentencia. En ese sentido, Echeverría presentó nuevas pruebas, como la propiedad en Miami, que refuerzan la sospecha de que González no ha declarado toda su fortuna.
La falta de independencia judicial y la red de impunidad
Uno de los puntos más duros de la denuncia de Luciana tiene que ver con la falta de independencia de la justicia provincial, que, según ella, ha permitido que figuras políticas cercanas a González se sigan beneficiando de la impunidad. La legisladora recalcó que en este caso, la justicia solo ha comenzado a actuar después de presiones externas, pero que la denuncia fue ignorada inicialmente en el fuero anticorrupción.
El futuro del caso y las expectativas
A pesar de que la detención de González es un paso importante, Luciana Echeverría y sus abogados insisten en que la prisión domiciliaria no es suficiente. Para la denunciante, es esencial que se continúe investigando el patrimonio de González y que se extienda la investigación a todo su entorno. La legisladora también advirtió que es crucial que la justicia federal tome cartas en el asunto para evitar que el caso quede atrapado en las redes de impunidad que históricamente han operado en la provincia.
El pedido de detención de Oscar González marca un hito en la lucha contra la corrupción en la provincia, pero las víctimas y denunciantes, como Luciana Echeverría, siguen luchando por una investigación completa y por la justicia efectiva. Este caso pone de manifiesto la necesidad de garantizar una justicia verdaderamente independiente que no se vea influenciada por las estructuras de poder político que durante años han permitido que la impunidad se imponga.
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