La normativa establece medidas claras para la reintegración social de jóvenes en conflicto con la ley penal, priorizando su rehabilitación y no solo la privación de libertad.
La Legislatura de Córdoba aprobó la Ley de Procedimiento Penal Juvenil, un avance clave en el sistema de justicia para menores. Con esta nueva legislación, se buscan soluciones efectivas para jóvenes en conflicto con la ley, garantizando un proceso judicial transparente, justo y acorde con los estándares internacionales. La ley distingue entre jóvenes punibles y no punibles, ofreciendo herramientas para su reintegración social, como la Justicia Restaurativa y medidas no privativas de libertad.
El proyecto, que se implementará con la participación de distintos actores judiciales y sociales, propone un tratamiento progresivo y el seguimiento constante de las políticas públicas. Además, establece un resguardo institucional excepcional solo en circunstancias estrictas, asegurando la protección de los derechos de los jóvenes involucrados.
Este avance marca a Córdoba como un referente en justicia juvenil en Argentina.
El despacho aprobado asegura la correcta aplicación de la ley. En este sentido, el proyecto se estructura en cinco ejes centrales que marcan un avance en el sistema de justicia penal juvenil en Córdoba:
- Aporta claridad normativa: Establece reglas generales del procedimiento penal juvenil, diferenciando con precisión el tratamiento de jóvenes punibles y no punibles.
- Garantiza el debido proceso: Fija objetivos, plazos y proporcionalidad en las medidas aplicadas, estableciendo quién debe controlar su cumplimiento. Esto asegura que el sistema penal juvenil opere con transparencia y equidad, respetando los derechos de los adolescentes.
- Define con precisión el resguardo institucional excepcional para jóvenes no punibles: Especifica de manera clara los supuestos en los que puede aplicarse el resguardo institucional excepcional (artículos 44 y 45), asegurando que esta medida sea utilizada solo en casos estrictamente necesarios y bajo las garantías de debido proceso.
- Implementa medidas progresivas para la reintegración social: en un sistema de intervención gradual, permitiendo evaluar la evolución del joven a lo largo del proceso.
- Crea una Mesa de Seguimiento y Control de las políticas públicas en la materia: órgano conformado por siete miembros representando a los distintos poderes del Estado, universidades y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de monitorear la aplicación de la ley y proponer mejoras en la implementación de las medidas socioeducativas.
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