La Libertad Avanza y sus aliados logran dictamen de mayoría para tres reformas clave en el Senado

Buenos Aires – En una breve pero intensa reunión, La Libertad Avanza y sus aliados de Juntos por el Cambio (UCR y PRO) consiguieron el dictamen de mayoría en tres proyectos de ley fundamentales para la seguridad y el orden público, todos impulsados por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Estos proyectos incluyen el régimen de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, conocido como la ley Antimafias, la regularización de armas de fuego y la prórroga del programa de entrega voluntaria de armas, y un régimen de desarmado de automotores y venta de autopartes. Los dictámenes fueron aprobados en el Senado, aunque no sin tensiones y críticas, especialmente por parte del bloque oficialista.

Tensiones en el Senado y reclamos del oficialismo

Durante el debate, la ausencia del bloque del Frente de Todos se hizo notar, ya que gran parte de las intervenciones fueron de funcionarios del Ejecutivo y aliados provinciales. Oscar Parrilli, senador de Unión por la Patria, fue el único representante del oficialismo presente en la reunión y solicitó la convocatoria de especialistas para enriquecer el debate. La presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, Carolina Losada (UCR), le respondió con dureza, recordándole que, durante el año 2023, no se había convocado a reuniones de la comisión, a pesar de la oportunidad de presentar propuestas.

“Ustedes estaban acostumbrados a que esta comisión no trabajara, pero hubo tres reuniones, donde vinieron diferentes funcionarios, y usted tenía la posibilidad de hacer las convocatorias. Esa etapa ya terminó”, afirmó Losada, marcando el contraste con la pasividad percibida por la oposición en el periodo anterior.

Parrilli también sugirió cambios en la redacción de la ley sobre la regularización de armas de fuego, pero la respuesta de Losada fue igualmente contundente. “Le recomiendo que pueda hacer un dictamen de minoría. Lo puede firmar usted, pero no lo acompañará ningún senador de su bloque”, sentenció.

Las claves de los proyectos

  1. Ley Antimafias: Este proyecto propone un enfoque integral para combatir el crimen organizado, penalizando a las organizaciones criminales como asociaciones de tres o más personas. La ley prevé un listado de delitos vinculados al crimen organizado y establece penas colectivas, donde cada miembro de la organización criminal deberá cumplir la pena máxima del delito más grave cometido por cualquiera de sus integrantes. Además, introduce la figura de «Zona Sujeta a Investigación Especial», permitiendo la detención preventiva de hasta 15 días para investigados, la intervención de sus comunicaciones y el decomiso de bienes.
  2. Regularización de armas de fuego: La propuesta establece una ventana de 360 días para la legalización de armas no registradas en el país, con un mecanismo digital simplificado. Además, se incluye la sexta prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, extendiendo su duración hasta 2028. El programa busca reducir la cantidad de armas en circulación mediante incentivos económicos, con un monto previsto de $57 millones.
  3. Régimen de desarmado de automotores y venta de autopartes: Este proyecto propone una ampliación de las piezas automotrices habilitadas para su recuperación y comercialización, pasando de 30 a 142 piezas. Además, establece procedimientos más claros para el tratamiento de vehículos abandonados, perdidos o decomisados, lo que busca combatir el mercado negro de autopartes.

Críticas de especialistas

El debate también estuvo marcado por las críticas de especialistas que cuestionaron la ley Antimafias por su posible impacto en los derechos civiles. Marcelo Seghini, director del Centro de Estudios en Defensa y Seguridad, destacó la falta de enfoque en el problema del consumo de drogas y el lavado de activos en el proyecto, advirtiendo que la ley podría expandir la criminalización de conductas sin abordar adecuadamente los «engranajes económicos y financieros» que permiten que las organizaciones delictivas operen.

Por su parte, Kevin Nielsen, vicepresidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, señaló que la ley podría resultar contraproducente al ampliar la definición de criminalidad organizada, lo que, según él, podría derivar en detenciones arbitrarias y la penalización de conductas no vinculadas directamente al crimen organizado. «Lo que se está planteando es una criminalización por arrastre», alertó Nielsen, sugiriendo que la ley podría afectar principalmente a sectores vulnerables de la sociedad, como jóvenes, pobres y racializados.

Avances en la legislatura y perspectivas futuras

A pesar de las críticas y la falta de consenso en ciertos puntos, los dictámenes de mayoría fueron aprobados por La Libertad Avanza y sus aliados. En cuanto a la ley Antimafias, su discusión continuará en el Congreso, con la posibilidad de incorporar modificaciones antes de su posible tratamiento en el recinto. Mientras tanto, el oficialismo continúa evaluando los detalles de los proyectos y la viabilidad de plantear modificaciones en la redacción final.

La medida tiene como objetivo fortalecer las herramientas del Estado en la lucha contra el crimen organizado, pero la controversia sobre su impacto en los derechos individuales y la posible expansión de la criminalización de conductas persiste como uno de los puntos clave del debate legislativo.

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