El abogado Braian Vrech expuso la impotencia profesional y humana que generan fallos penales basados en indicios subjetivos y sin pruebas concluyentes.
El abogado penalista Braian Vrech compartió una profunda reflexión sobre el rol del defensor en un sistema judicial que, en algunos casos, dicta sentencias condenatorias sin alcanzar la certeza probatoria que exige la Constitución. Desde su experiencia profesional, planteó el conflicto ético y emocional que atraviesan quienes deben explicar a las familias por qué un ser querido recibe penas severas basadas en interpretaciones y no en pruebas objetivas.
Vrech remarcó que el abogado defensor, como auxiliar de la Justicia, no busca resultados sino garantías: el respeto de los derechos constitucionales y una valoración rigurosa de las pruebas. Sin embargo, advirtió que muchas veces esa tarea se vuelve insuficiente frente a fallos que ignoran el principio de duda razonable, especialmente en causas sensibles como las de presuntos abusos sexuales, donde los hechos suelen ocurrir en ámbitos privados, sin testigos ni evidencias materiales.
“¿Cómo se le explica a una madre, mirándola a los ojos, que su hijo fue condenado a 10, 14 o 15 años cuando no se valoraron determinadas pruebas o cuando directamente hay duda?”, se preguntó el jurista. En ese sentido, señaló que los indicios utilizados para condenar suelen ser altamente subjetivos y dependen de interpretaciones que varían según el caso, debilitando la solidez del fallo.
Lejos de generalizar, Vrech aclaró que no todas las causas presentan estas falencias, pero sostuvo que existen procesos donde la falta de certeza es evidente y, aun así, se imponen penas extremadamente altas. Para el abogado, esto vulnera uno de los pilares del derecho penal: ante la duda, debe absolverse.
Su testimonio dejó en claro que la defensa no puede reducirse a un trámite formal. “Somos abogados, pero también somos personas, hijos, padres, hermanos”, expresó, subrayando que la motivación para seguir ejerciendo surge de un compromiso humano con la Justicia real, aquella que no condena sin pruebas y que protege las garantías de todos los ciudadanos.
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