La legisladora Luciana Echevarría (MST-FITU) presentó un proyecto de ley en defensa de los derechos de los inquilinos, que busca prohibir la comisión inmobiliaria en Córdoba y aplicar plenamente la ley nacional de alquileres en el territorio. Según Echevarría, el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que flexibiliza las regulaciones en materia de alquileres es inconstitucional, y deja a los inquilinos en una situación de vulnerabilidad: «Córdoba es la meca del desarrollismo inmobiliario, y las consecuencias están a la vista. Las viviendas se concentran en pocas manos, se utilizan para especular, y esto impacta en los precios tanto de compra como de alquiler. En la capital, un 50% de la población es inquilina y destina más de la mitad de su salario al alquiler», afirmó la legisladora.
Echevarría destacó que con el DNU, las inmobiliarias tienen un poder excesivo: «Deciden el plazo del contrato, los aumentos e incluso la moneda en la que se deben realizar los pagos. Ese DNU es inconstitucional y está judicializado en un 70%, por lo que Córdoba tiene la potestad de legislar para defender a los cordobeses, haciendo valer la ley nacional de alquileres».
El proyecto también propone que las comisiones inmobiliarias y los gastos de gestión no sean asumidos por los inquilinos. Según Echevarría, hoy en día para ingresar a un nuevo alquiler se necesitan más de 2,5 millones de pesos, una cifra que considera inalcanzable para la mayoría de los trabajadores. «La gente se ve obligada a mudarse cada vez más lejos, a viviendas más pequeñas, regresar a la casa de sus padres o vivir con el temor de quedar en la calle. Es urgente proteger a los inquilinos, el sector más vulnerable, y desarrollar un plan de viviendas sociales que genere trabajo y garantice un hogar para quienes lo necesitan», concluyó la legisladora.
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