26 de noviembre de 2024 — En un anuncio realizado este martes, el presidente Javier Milei aseguró que las personas privadas de su libertad no podrán solicitar un traslado de penal amparándose en la identidad de género. Esta medida llega una semana después de que trascendiera que «Guille» Cantero, líder de la banda narco Los Monos, había presentado más de diez hábeas corpus solicitando el cambio de género para poder recibir visitas de hombres.
“Con nosotros, esta estupidez se terminó”, destacó Milei durante un acto en la entrega de sables a la Policía Federal Argentina. En su discurso, el mandatario enfatizó que “vamos a prohibirlo” y explicó que aquellos condenados por la justicia no podrán utilizar la identidad de género para cambiarse de penal. “Los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género”, subrayó.
Contexto del anuncio
El anuncio de Milei se produce en medio de la controversia generada por el caso de «Guille» Cantero, quien, a través de sus abogados, había solicitado el cambio de género para ampliar el grupo de personas autorizadas a visitarlo en prisión. El líder de Los Monos había presentado más de diez hábeas corpus, argumentando que se autopercibía mujer. Aunque los motivos exactos detrás de la solicitud no se han hecho públicos, se estima que uno de los objetivos era permitirle recibir visitas de hombres, lo que generó un fuerte rechazo en la opinión pública.
Repercusiones en la política
El pronunciamiento de Milei se da en un contexto donde también hay movimientos legislativos que buscan regular esta situación. Álvaro Martínez, diputado del oficialismo en Mendoza, presentó días atrás un proyecto de ley para impedir que los condenados por la justicia puedan solicitar un cambio de género. Según el legislador de La Libertad Avanza, esta medida busca garantizar que los derechos de las personas no sean utilizados de manera que perjudiquen a otros. “Es necesario entender que los derechos no pueden vulnerar los derechos de los demás”, expresó Martínez.
El caso de Bouwer
El tema había cobrado mayor relevancia a raíz de un caso en el penal de Bouwer, en Córdoba, donde un recluso había solicitado el traslado al pabellón de mujeres tras cambiar su género. Después de pasar varios años allí, el hombre fue acusado de haber abusado sexualmente de una compañera de celda, dejándola embarazada. El hecho desató un amplio debate sobre los riesgos de permitir que reclusos cambien de género para obtener beneficios en el sistema penitenciario.
En consecuencia, un fallo judicial ordenó su traslado a una celda aislada para evitar más incidentes. La resolución señaló que, en su afán de proteger los derechos del recluso, se habían vulnerado los derechos de más de 400 mujeres.
Implicancias de la nueva normativa
Con el nuevo enfoque impulsado por Milei, el gobierno busca evitar que estos casos se repitan y fortalecer la normativa en torno al tratamiento de los reclusos en el sistema penitenciario. Además, el mandatario adelantó que se impulsará una iniciativa para que las provincias adhieran a esta normativa, advirtiendo que aquellos que no lo hagan estarán «premiando la creatividad de los criminales» y faltando el respeto a las víctimas.
Este cambio en la política de traslados de reclusos refleja la postura del gobierno frente a un tema sensible, que involucra derechos individuales y la protección de las víctimas, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad y la justicia en el sistema penal del país.
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