En un contexto de intensas movilizaciones, el presidente Javier Milei oficializó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso el pasado 13 de septiembre. Esta ley, que preveía un ajuste en las partidas presupuestarias para universidades públicas, incluyendo salarios docentes y no docentes, y fondos para proyectos de ciencia y tecnología, fue considerada por el Ejecutivo como una medida «irresponsable» que compromete el equilibrio fiscal del país.
El anuncio del veto llegó el mismo día en que miles de argentinos se congregaron en distintas ciudades del país para manifestarse en favor del financiamiento de la educación pública. La Marcha Federal Universitaria, convocada por estudiantes, docentes y gremios, tuvo su epicentro frente al Congreso Nacional, donde la comunidad universitaria expresó su rechazo al ajuste presupuestario.
Justificación del Gobierno
El comunicado emitido por la Oficina del Presidente sostuvo que el veto responde a la necesidad de preservar la responsabilidad fiscal, alineada con los planes de alcanzar el déficit cero y reducir la inflación. Según el Ejecutivo, el debate sobre el financiamiento de las universidades debe tener lugar en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional 2025.
El gobierno reafirmó su compromiso con las universidades públicas, pero dejó claro que no cederá ante lo que denominaron como «populismo demagógico» de los legisladores que aprobaron la ley. Además, señalaron que la manifestación fue aprovechada por ciertos sectores políticos, en referencia a Cristina Kirchner, Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y otros dirigentes, quienes se habrían unido para oponerse al plan económico del presidente.
Impacto de la Ley Vetada
La Ley de Financiamiento Universitario habría implicado un impacto fiscal de alrededor de 735.598 millones de pesos, equivalente al 0,14% del PBI. Entre sus puntos clave, la norma contemplaba un aumento salarial para docentes, ajustado mensualmente según la inflación, y actualizaciones bimestrales para gastos de funcionamiento y proyectos de investigación.
Desde el Ministerio de Capital Humano, se defendió el veto al asegurar que los salarios actuales de los docentes universitarios ya superan la canasta básica y, por lo tanto, no justifican mayores aumentos. Sin embargo, los gremios universitarios argumentan que los salarios han caído entre el 35% y el 55% en términos reales desde noviembre de 2023, y califican de «insuficiente» la oferta del gobierno de un aumento del 5,8% para octubre.
Críticas y Consecuencias
El veto a la ley fue fuertemente criticado por distintos sectores. Gremios, organizaciones sociales y partidos políticos advirtieron que la decisión del Ejecutivo pone en riesgo la calidad y el funcionamiento de las universidades públicas. A su vez, consideran que la medida forma parte de una estrategia de ajuste que afecta a la educación superior y a los sectores más vulnerables.
En tanto, desde el gobierno de Milei aseguran que se mantendrá firme en su política de austeridad fiscal, priorizando el equilibrio presupuestario sobre el aumento del gasto público, una de las promesas centrales de su mandato.
El futuro de la educación pública
La disputa por el financiamiento de las universidades promete ser un tema central en el debate del Presupuesto Nacional 2025, mientras el conflicto entre el gobierno y los sectores educativos sigue en aumento. La negativa del Ejecutivo a financiar más a las universidades genera incertidumbre sobre el futuro de la educación pública en Argentina, en un contexto donde la inflación y la situación económica agravan las tensiones sociales.
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