El Gobierno nacional, a través de los decretos 1148/24 y 1149/24, ha implementado nuevas restricciones a la contratación de personal en el sector público, con el objetivo de reducir el gasto público y promover la idoneidad laboral en el empleo estatal. Las normativas fueron firmadas por el presidente Javier Milei y publicadas en el Boletín Oficial el último día del año 2024.
El régimen «3×1»
Una de las medidas más destacadas es la introducción del régimen «3×1», que establece que cada nueva contratación deberá ir acompañada de la baja de tres empleados. Según el decreto 1148/24, “se podrá disponer únicamente de un alta en el supuesto que se informe tres bajas de personal, cualquiera fuera la causal”. Esta estrategia se aplica a todas las entidades reguladas bajo la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (Ley Nº 25.164) y afecta tanto a contratos temporales como a servicios profesionales.
La implementación de esta medida, que entra en vigencia el 1 de marzo de 2025, forma parte del ajuste fiscal que el Gobierno lleva adelante. Durante los primeros 11 meses de 2024, alrededor de 36.000 empleados fueron desvinculados del sector público como parte de esta estrategia. Además, los nuevos aspirantes a empleos en el sector estatal deberán aprobar una Evaluación General de Conocimientos y Competencias, que ya se aplica a los empleados actuales y también incluirá a las empresas con mayoría accionaria estatal.
Repercusiones y críticas
Desde el Gobierno, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó las nuevas restricciones al señalar que su objetivo es mejorar la capacitación de los trabajadores y la calidad del servicio público. “La motosierra continúa”, expresó Sturzenegger en referencia a la política de reducción del gasto público y ajuste fiscal.
Sin embargo, la medida no estuvo exenta de críticas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expresó su preocupación por la falta de estabilidad para los más de 57.000 trabajadores contratados temporalmente. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, advirtió que las nuevas políticas perpetúan la precarización laboral y abren la puerta a favoritismos políticos, ya que no garantizan ingresos equitativos ni condiciones laborales dignas.
Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, también cuestionó la capacidad de los funcionarios actuales para implementar políticas públicas efectivas, poniendo en duda que las restricciones realmente mejoren la calidad del empleo y del servicio.
Impacto en el sector público y las empresas estatales
A pesar de las críticas, el Gobierno ha defendido la medida como necesaria para racionalizar el gasto público y fomentar la eficiencia en el sector público. Las empresas estatales y los fondos fiduciarios deberán justificar rigurosamente cada nueva contratación, lo que representa un endurecimiento de las condiciones laborales en el ámbito público.
A medida que se acerquen las negociaciones paritarias de los próximos meses, se prevé un incremento de las tensiones, especialmente entre los gremios y el Ejecutivo, que se han mostrado enfrentados respecto al rumbo de la política laboral. El régimen «3×1» y las restricciones a las contrataciones seguirán siendo un tema central en la agenda política y sindical del país.
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