Patricia Anzoátegui explica por qué crece el número de falsas denuncias en el marco de los litigios familiares

En el complejo entramado del derecho penal y familiar argentino, la abogada Patricia Anzoátegui se ha consolidado como una figura clave en la denuncia de falsas acusaciones en conflictos de familia. Su labor se centra en exponer cómo algunas denuncias pueden ser utilizadas como estrategia para impedir el vínculo entre un progenitor y sus hijos, alterando el curso de los procesos judiciales.

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Desde el año 2021, Anzoátegui dirige el Observatorio de Falsas Denuncias, una entidad creada para investigar el impacto de estas prácticas dentro del sistema judicial. En su libro Hienas: Abogados de Familia vs. Falsas Denuncias, revela abusos y manipulaciones dentro de los litigios por tenencia y separación. Además, ha llevado su postura a foros internacionales, como el Foro Latinoamericano en Buenos Aires, donde subrayó cómo estas acusaciones afectan a los niños involucrados.

Su visión ha despertado tanto apoyo como polémica. Mientras algunos la consideran una defensora del debido proceso, otros sostienen que su discurso podría restar importancia a denuncias legítimas de violencia de género. Sin embargo, su trabajo ha puesto sobre la mesa la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de las víctimas y la garantía de que los acusados reciban un juicio justo.

Uno de los puntos más controvertidos que plantea Anzoátegui es la falta de rigurosidad con la que la Justicia recepta estas denuncias. Señala que jueces y fiscales, en muchos casos, aceptan peritajes psicológicos subjetivos y entrevistas privadas sin verificar su validez, afectando la defensa del acusado.

Según su análisis, la perspectiva de género ha adquirido un peso que, en ocasiones, se impone sobre el derecho de los menores. Afirma que asumir que toda denuncia es veraz puede conducir a errores judiciales con graves consecuencias. En su criterio, el verdadero afectado es el niño, cuyo bienestar debería ser la prioridad.

Datos del Observatorio

El Observatorio de Falsas Denuncias, creado en 2021, modernizó su plataforma en julio de 2023 para mejorar la recolección y análisis de datos. Desde entonces, ha recibido 430 denuncias, de las cuales 276 fueron revisadas. En estos casos, se detectó que los acusados pudieron presentar pruebas que desmentían las acusaciones.

Las estadísticas indican que la mayoría de las denuncias se originan en casos de violencia de género, seguidas por abusos sexuales infantiles y violaciones. Aproximadamente el 60% derivaron en órdenes de restricción, lo que en algunos casos impidió el contacto con los hijos, con consecuencias como deterioro emocional, exclusión social y problemas de salud mental.

Además, un dato alarmante es que en el 44% de los casos revisados, el niño nunca fue escuchado por los peritos del juzgado, lo que demuestra una grave deficiencia en la protección de sus derechos dentro del sistema judicial.

El caso de F.S., un empresario que lleva cinco años sin poder ver a su hija por una restricción impuesta a raíz de una denuncia infundada, es uno de los tantos que evidencian las fallas del sistema. A pesar de haber sido investigado dos veces sin que se hallaran pruebas en su contra, la influencia de la madre dentro del sistema judicial ha inclinado la balanza a su favor.

Anzoátegui advierte que si estas irregularidades continúan, se pondrá en riesgo la credibilidad de las denuncias legítimas, afectando el acceso a la justicia de verdaderas víctimas de violencia.

Uno de los mayores problemas que señala la abogada es la tendencia de jueces y fiscales a dar por sentadas las denuncias sin investigar a fondo. En su opinión, la privatización de la justicia y la influencia de ciertos sectores pueden inclinar las decisiones en perjuicio de los acusados.

Desde hace años, advierte sobre el aumento de este fenómeno. Ya en 2002, un estudio de la investigadora Paula de Albarracín, del CONICET, estimaba que cerca del 80% de las denuncias presentadas en el ámbito familiar carecían de sustento.

Las falsas denuncias, especialmente en el contexto de separaciones, han adquirido una estructura predecible: comienzan con acusaciones de violencia, luego escalan a abusos sexuales e incluso violaciones supuestamente ocurridas años atrás. Esta escalada suele derivar en restricciones de contacto entre el progenitor acusado y sus hijos, afectando la relación paterno-filial de manera irreversible.

El sistema judicial, según Anzoátegui, no sanciona adecuadamente estas denuncias infundadas, lo que genera un sesgo en el que la presunción de inocencia se ve erosionada. Además, sostiene que la perspectiva de género, en ciertos casos, ha desviado la atención del bienestar infantil, priorizando a la madre sin considerar otros factores clave.

Una de las críticas más recurrentes es que, a pesar de que la ley establece que los jueces deben convocar audiencias en un plazo de 48 horas tras dictar una orden de exclusión, en la práctica esto no ocurre. En muchos casos, las restricciones se extienden sin justificación clara, prolongando el sufrimiento de los acusados y obstaculizando su derecho a la defensa.

Manipulación de la memoria infantil

Algunas denunciantes, según Anzoátegui, manipulan el proceso para retrasar el curso de las investigaciones, por ejemplo, evitando que el niño sea sometido a una Cámara Gesell o presentando informes psicológicos sin respaldo científico. Esto favorece un escenario donde la justicia se inclina más por la acusación que por la búsqueda de la verdad.

Otro problema grave es la manipulación de la memoria de los niños. Hay Investigaciones que han demostrado que la implantación de recuerdos falsos es posible, y que los menores pueden adoptar relatos inducidos por adultos sin cuestionarlos.

Anzoátegui menciona el caso de un joven que, tras defender a su padre, fue acusado por su madre como cómplice. A pesar de contar con informes favorables, su padre enfrentará un juicio oral, lo que ilustra cómo el sistema puede castigar incluso a quienes presentan pruebas a su favor.

Según la abogada, muchos jueces y fiscales evitan recurrir a pruebas científicas y objetivas, prefiriendo evaluaciones subjetivas con carga ideológica. Critica, por ejemplo, el rechazo a la aplicación de test psicométricos, que podrían ofrecer resultados más precisos y libres de sesgos.

Casos como el de Rotilli en Bahía Blanca, donde un padre fue condenado sin pruebas concluyentes y años después sus hijas confesaron que habían sido manipuladas, son prueba de las fallas del sistema. En Campana, se han dictado condenas sin Cámara Gesell, basándose solo en testimonios de oídas e informes psicológicos privados.

Patricia Anzoátegui sostiene que el sistema judicial argentino necesita una profunda reforma para evitar que la palabra de una persona se convierta automáticamente en una verdad incuestionable sin pruebas contundentes. Además, reclama mayor transparencia en el uso de fondos destinados a la lucha contra la violencia de género, cuestionando la falta de regulación sobre asociaciones que reciben subsidios estatales.

Por último, insiste en que la justicia debe actuar con imparcialidad, garantizando los derechos de todas las partes involucradas y, sobre todo, protegiendo el interés superior del niño, evitando que sea utilizado como un instrumento de disputa en conflictos familiares.

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