En un paso inesperado y polémico dentro del Congreso de la Nación, el diputado del PRO, Gabriel Chumpitaz, presentó un proyecto de ley que busca establecer la obligatoriedad de exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios para todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. La iniciativa, que ha causado un fuerte debate en la política argentina, también cuenta con el respaldo de La Libertad Avanza.
Objetivos y procedimientos de la ley
El principal objetivo de esta propuesta es garantizar la integridad, idoneidad y transparencia de aquellos que ocupan cargos públicos. Según Chumpitaz, «la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento del sistema de prevención de adicciones deben comenzar con el ejemplo de quienes escriben las leyes, quienes las aplican y quienes las hacen cumplir». De esta manera, el proyecto apunta a erradicar la doble moral y fortalecer la confianza pública.
El proceso de los exámenes toxicológicos sería riguroso y se realizaría bajo estrictos protocolos de seguridad, garantizando la confidencialidad de los resultados. Los análisis se llevarían a cabo en laboratorios certificados, y los resultados serían enviados a la autoridad competente, que se encargaría de su custodia y resguardo. En caso de que algún funcionario obtenga un resultado positivo, la autoridad de aplicación podrá divulgar el informe en cumplimiento con la ley.
Frecuencia y obligatoriedad de los exámenes
El proyecto establece que todos los funcionarios deberán someterse a los exámenes toxicológicos al asumir el cargo, y anualmente, de manera obligatoria. Además, se llevarán a cabo pruebas aleatorias cada tres meses sobre una muestra representativa de funcionarios. Esto incluiría a directivos de organismos autárquicos, descentralizados y empresas del Estado, así como a funcionarios de rangos equivalentes en provincias y municipios que decidan adherir a la normativa.
Chumpitaz enfatizó que la droga es un negocio ilícito que sigue una dinámica de oferta y demanda similar a la de cualquier mercado convencional. Por ello, propuso que, al atacar el narcotráfico y sus derivados, también se refuerce la prevención y el control de las adicciones, y sobre todo, que quienes lideren esta batalla en el ámbito político y judicial den el ejemplo.
Reacciones y controversias
La propuesta de Chumpitaz no ha pasado desapercibida, generando opiniones divididas dentro del Congreso. Mientras algunos sectores apoyan la idea de que los funcionarios públicos den un ejemplo claro en la lucha contra las drogas, otros consideran que la medida podría ser invasiva y estigmatizante.
Al cierre de la nota, se supo que varios diputados nacionales, como Lorena Villaverde, Carlos Zapata, Verónica Razzini, Patricia Vázquez, Sergio Capozzi, Emanuel Bianchetti y José Núñez, han acompañado con su firma este proyecto. No obstante, aún queda por ver si esta iniciativa prosperará en el Congreso y qué tipo de modificaciones podría sufrir en su camino hacia la implementación.
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