Martín Cormick, el juez que supervisará el Protocolo Anti-piquetes

El juez Martín Cormick es el magistrado que estará a cargo de supervisar la implementación del Protocolo Anti-piquetes en la marcha convocada por los jubilados, prevista para las próximas semanas en Buenos Aires. Este protocolo, aprobado por el Gobierno, tiene como objetivo regular las manifestaciones en la vía pública y garantizar la seguridad y el orden durante las movilizaciones, especialmente aquellas que impliquen un alto nivel de concentración como las que involucran a los adultos mayores.

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Cormick, quien se desempeña en el fuero contencioso administrativo y tributario, fue el encargado de rechazar una cautelar presentada por diversas organizaciones de derechos humanos que pedían la suspensión del protocolo, argumentando que el mismo podría poner en riesgo la integridad de los manifestantes y limitar la libertad de expresión.

A pesar de este rechazo, el juez Cormick aclaró que supervisará de manera presencial la manifestación de los jubilados, con el objetivo de asegurar que no se generen situaciones de violencia o alteración del orden público. Esta decisión pone a Cormick en una posición clave durante el desarrollo de la marcha, ya que será el encargado de velar por el cumplimiento de las directrices establecidas en el protocolo, pero también de proteger los derechos de los ciudadanos a manifestarse libremente.

El Protocolo Anti-piquetes, que fue impulsado por el Ejecutivo, establece una serie de medidas para controlar las concentraciones masivas en la vía pública, limitando el acceso a ciertas zonas y estableciendo pautas para las fuerzas de seguridad en cuanto al uso de la fuerza en caso de desórdenes. Sin embargo, las organizaciones sociales y los defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación sobre las posibles implicancias de estas medidas, temiendo que puedan ser usadas para reprimir protestas pacíficas.

El juez Cormick ha sido previamente conocido por su labor en temas vinculados al derecho administrativo y la regulación de protestas, y su intervención en este caso reafirma su rol clave en la resolución de situaciones de conflicto entre el derecho a la protesta y el orden público.

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