Reforma de la Policía Federal Argentina: nuevos límites y facultades para inteligencia, detenciones y requisas

El Gobierno nacional oficializó hoy una profunda reforma en la Policía Federal Argentina (PFA), con el objetivo de modernizar su estructura, redefinir funciones y fortalecer su capacidad operativa ante el delito complejo. A través del decreto 383/2025, se derogó la normativa vigente desde 1958 (Decreto-Ley 333/58), dando paso a una nueva etapa en la historia de la fuerza.

Entre los principales cambios se destacan la actualización de protocolos de actuación, la incorporación de personal universitario ya graduado, y una redefinición del rol estratégico de la PFA, que dejará de ocuparse de la seguridad local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para enfocarse exclusivamente en la investigación de delitos federales complejos y en la lucha contra el crimen organizado.

Nuevas disposiciones claves

Detenciones sin orden judicial: la PFA no podrá detener sin orden de un juez, salvo en casos justificados donde se presuma fundadamente la comisión de un delito y la persona no acredite identidad. En esos casos, podrá ser trasladada a una dependencia por un máximo de 10 horas, con notificación inmediata al juez de turno.
Inteligencia criminal: se habilita a la fuerza federal a realizar tareas de inteligencia mediante el análisis de información sobre delitos y amenazas a la seguridad interior. También podrá monitorear redes sociales, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, sin orden judicial, en función de tareas preventivas.
Requisas sin orden judicial: se permitirá en casos de urgencia, cuando exista sospecha de ocultamiento de pruebas de un delito, especialmente en la vía pública o en espacios de acceso público, si no hay tiempo razonable para esperar la autorización judicial.
Registro de personas: la Policía podrá calificar y registrar a personas vinculadas a actividades que estén bajo su persecución penal, dentro del marco legal correspondiente.

Modernización y enfoque federal

La reforma también impulsa un programa de modernización tecnológica, investigativa y presupuestaria, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, que absorberá los recursos que antes se destinaban al reclutamiento masivo. Ese presupuesto será redireccionado hacia el equipamiento y la articulación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

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Con este nuevo marco, el Gobierno busca consolidar una PFA más profesional, enfocada en el crimen organizado y con un perfil federal, orientado a la inteligencia y a la investigación de alto nivel.

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