El Gobierno de San Luis implementó una medida polémica y debatida: todos los funcionarios públicos deberán someterse a un examen toxicológico obligatorio para detectar el consumo de estupefacientes. Esta iniciativa se enmarca dentro de la Ley de Coherencia y Ejemplaridad y tiene como objetivo garantizar que los empleados estatales no estén involucrados en actividades vinculadas al narcotráfico.
El primer grupo de 60 funcionarios seleccionados se sometió este viernes al examen de orina que determinará si han consumido sustancias ilegales. Según Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión, la medida busca evitar que un funcionario que consuma drogas ilegales participe en la toma de decisiones relacionadas con el narcotráfico, lo cual sería un conflicto de interés.
El procedimiento comenzó con un sorteo realizado por la Caja Social que seleccionó a los primeros 60 empleados estatales. Los análisis se llevarán a cabo en los laboratorios de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).
La medida, impulsada por el gobernador Claudio Poggi, afectará a todos los funcionarios jerárquicos y políticos de los tres poderes del Estado provincial. Estos deberán someterse a los controles de manera preventiva mientras estén en funciones.
Con esta estrategia, el Gobierno de San Luis busca garantizar transparencia y coherencia en la gestión pública, mientras refuerza su lucha contra el narcotráfico.
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