En los Estados Unidos, el concepto de “shutdown” o cierre del gobierno es bien conocido. Este fenómeno ocurre cuando no se llega a un acuerdo entre el presidente y el Congreso respecto al presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal. Como resultado, el gobierno se ve obligado a cesar ciertas actividades y servicios públicos esenciales. En Argentina, aunque no existe un mecanismo constitucionalmente previsto para un cierre similar, la administración de Javier Milei parece estar dispuesta a experimentar una versión a la criolla, o un “shutdown” a la argentina, basado en una estrategia fiscal que podría generar un escenario de parálisis gubernamental, pero sin necesidad de un cierre formal.
Un vacío legal y la amenaza de la prórroga
En la historia reciente de Argentina, nunca hubo dos años consecutivos sin la aprobación del Presupuesto Nacional, a pesar de los frecuentes ajustes y reasignaciones de partidas que caracterizan los contextos inflacionarios. Sin embargo, el escenario actual parece distinto. La administración de Milei está amagando con una jugada inédita: la prórroga de un presupuesto que ya había sido prorrogado el año anterior. Esta prórroga no es una práctica común, y podría tener consecuencias importantes en la manera en que el gobierno administra las finanzas públicas.
En lugar de avanzar con la aprobación de un nuevo presupuesto para 2024, el presidente y su equipo de ministros prefieren postergar la discusión legislativa en medio de una negociación compleja. La falta de consenso en torno al presupuesto y la decisión de suspender las reuniones de las comisiones encargadas de debatirlo aumentan la incertidumbre y crean la presión de una posible prórroga, que podría dejar en pie un presupuesto ya obsoleto, aprobado bajo condiciones que distan de la realidad económica actual.
El marco legal y sus implicancias
El artículo 27 de la Ley 24.156 de Administración Financiera establece que, en caso de no contar con un presupuesto aprobado al inicio del ejercicio financiero, se aplicará el presupuesto vigente del año anterior, con algunos ajustes realizados por el Poder Ejecutivo Nacional. El problema con esta disposición es que los números que se utilizarían en 2024 corresponden a un presupuesto prorrogado que ya estaba desactualizado en 2023. Por lo tanto, no reflejan la situación fiscal ni las necesidades actuales del país.
Este vacío legal deja abierta la puerta para que el gobierno implemente medidas discrecionales en el manejo de los recursos del Estado, algo que podría tener implicancias muy profundas en el control de las finanzas públicas. La Ley 25.725, sancionada en 2003, le otorga al Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, la facultad de adecuar el presupuesto general de la Nación si se aplica una prórroga. A través de este mecanismo, podría incorporar partidas presupuestarias ejecutadas durante el período en que regía la prórroga, pero sin exceder el total de los créditos aprobados por la Ley de Presupuesto del año anterior.
Discrecionalidad y control de partidas
La prórroga de un presupuesto y la delegación de facultades al Jefe de Gabinete le otorgan al gobierno un nivel de discrecionalidad sin precedentes en la gestión de partidas. Según el artículo 100 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de administrar los recursos del país de manera general, lo que podría permitirle realizar cambios de partidas sin ningún tipo de supervisión o control externo. Esto significa que el gobierno podría tomar decisiones fiscales de manera unilateral, sin necesidad de ajustar esos cambios a una estructura presupuestaria aprobada por el Congreso.
De esta forma, la administración de Milei podría tener un escenario ideal en el que no se apruebe ningún presupuesto, lo que le permitiría controlar de manera total las partidas del Estado sin la intervención del Poder Legislativo. Además, con la promesa de no recurrir a la emisión monetaria y con una estrategia que implica una motosierra alimentaria en áreas clave de gasto público, el gobierno podría aplicar ajustes drásticos de manera directa y sin la necesidad de una aprobación formal.
El “shutdown” a la criolla: un futuro incierto
Si bien la figura del shutdown en su versión estadounidense no tiene un equivalente directo en la Constitución Nacional argentina, las medidas que la administración de Milei podría adoptar se acercan a una suerte de parálisis fiscal “a la criolla”. En lugar de enfrentar una crisis institucional por la falta de presupuesto, el gobierno podría implementar una estrategia que le otorgue el control absoluto sobre las finanzas públicas, sin necesidad de que el Congreso apruebe un nuevo presupuesto. Este control podría extenderse a áreas clave como salud, educación y infraestructura, con implicancias para el desarrollo social y económico del país.
Si bien esta medida no necesariamente implicaría el cierre total del gobierno, su impacto podría ser igualmente profundo, afectando la capacidad del Estado de responder de manera efectiva a las necesidades de la población. De seguir este camino, el gobierno de Milei podría inaugurar un nuevo tipo de gestión pública, en el que el control de partidas y la falta de presupuesto aprobado se conviertan en las herramientas para llevar adelante sus políticas económicas y sociales, dejando a un lado el rol del Congreso en la toma de decisiones fundamentales para el futuro del país.
En este contexto, el “shutdown” a la criolla podría convertirse en una amenaza latente, una jugada arriesgada en un momento de incertidumbre económica que podría afectar tanto a los ciudadanos como al funcionamiento institucional del país.
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