Un nuevo informe de la UCA revela que el 15% de los asalariados del país sufre inseguridad alimentaria. El problema afecta incluso a empleados registrados y se agrava entre quienes trabajan en la informalidad.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina advirtió que uno de cada seis trabajadores argentinos no puede cubrir de forma estable sus necesidades básicas de alimentación. Según el relevamiento, el 15% de los asalariados padece algún grado de inseguridad alimentaria, una situación que ya no se limita a los sectores más vulnerables o desocupados.
El estudio marca una alerta sobre el deterioro del poder adquisitivo y la precarización del empleo: entre los trabajadores informales y cuentapropistas, la cifra asciende al 25%. Incluso entre los empleados registrados, el 7% sufre dificultades para acceder a una dieta adecuada.
Los más golpeados son los trabajadores del servicio doméstico y los ocupados sin aportes, donde la incidencia llega al 25,3%. En tanto, la educación se confirma como un factor determinante: el 34% de quienes no terminaron el secundario tiene problemas para alimentarse, frente a apenas el 4,6% entre los universitarios.
También se observan fuertes diferencias según la formalidad laboral. El 24% de los asalariados informales enfrenta inseguridad alimentaria, contra un 9,8% en el sector formal y un 14,1% en el empleo público. La estabilidad, los aportes y la cobertura social aparecen como variables clave para amortiguar el impacto.
El informe además muestra que las horas trabajadas inciden en el acceso a los alimentos: el 21,1% de los subocupados tiene dificultades para alimentarse bien, mientras que el porcentaje baja al 12% entre quienes tienen jornada completa.
Por regiones, el Conurbano bonaerense presenta el panorama más crítico con un 18,9% de asalariados afectados, muy por encima de la Ciudad de Buenos Aires, donde la cifra desciende al 7,1%.
Entre los grupos más vulnerables se destacan los jóvenes de entre 18 y 34 años (17,1%) y las mujeres (15,5%), quienes enfrentan mayores niveles de precarización y salarios más bajos.
La UCA concluye que el empleo continúa siendo una condición necesaria, pero ya no suficiente, para garantizar una alimentación digna. La combinación de inflación, pérdida salarial y precariedad ha extendido la inseguridad alimentaria a sectores que históricamente estaban fuera de esta problemática estructural.
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