En un giro audaz para reestructurar la administración pública argentina, el paquete legislativo presentado por Javier Milei apunta a una remodelación profunda del Estado en Argentina. La declaración de emergencia pública sería el preámbulo de transferir facultades normativas al Ejecutivo durante dos años, permitiéndole esquivar al Congreso en la adquisición de deudas internacionales y ajustar el tamaño del Estado mediante un amplio proceso de privatización que incluye empresas emblemáticas como Aerolíneas Argentinas, YPF y Banco Nación.
El conjunto de medidas propuesto no solo toca la estructura económica del país, sino que también pretende cambios significativos en el ámbito penal y electoral. Se buscará incrementar las sanciones a los participantes en protestas sociales, incluso a aquellos no presentes físicamente en ellas, y se propondrá una extensión del concepto de legítima defensa en el Código Penal que favorecería a aquellos actuando bajo deber o autoridad. Además, el sistema de primarias abiertas simultáneas y obligatorias podría desaparecer, dando paso a la implementación de la boleta única.
En lo que respecta a políticas sociales y educativas, Milei aspira a modificar la Ley Micaela, limitando la educación sobre género a capacitaciones específicas sobre violencia familiar y contra la mujer, excluyendo asuntos de diversidad sexo-genérica. Asimismo, las universidades estatales enfrentarían un cambio radical, pudiendo empezar a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente.
