Caso Emma Sanabria, menor en peligro y alienacion parental

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La distopía de la perspectiva de género y el caso de Lautaro, Emma y la manipulación de Jhadira
En tiempos donde la justicia ha dejado de ser un símbolo de equilibrio para convertirse en un campo de batalla ideológico, presenciamos una peligrosa radicalización de ciertas perspectivas. En nombre del feminismo radical y de una supuesta lucha contra la violencia de género, se han desdibujado valores esenciales, permitiendo que la victimización selectiva determine el destino de las personas. Este fenómeno ha transformado el sistema judicial en un arma de opresión arbitraria, donde la igualdad ante la ley ha sido reemplazada por dogmas incuestionables.

Un ejemplo alarmante de esta realidad es el caso de Lautaro Leonel Sanabria, un joven padre de 25 años, residente en Córdoba capital, cuya historia refleja la vulnerabilidad de los hombres en un sistema que, lejos de impartir justicia, parece responder a una narrativa sesgada. Su hija, Emma, de apenas dos años, es la víctima colateral de un sistema que prioriza ideologías sobre el bienestar infantil. Su madre, Jhadira Noemí Vargas, de 23 años, ha utilizado la maquinaria judicial no como un recurso de justicia, sino como un instrumento de manipulación y venganza personal, amparada en un sesgo institucional que no admite cuestionamientos.

Desde el inicio de su relación en diciembre de 2019, Lautaro experimentó señales de alerta preocupantes. Jhadira tiene antecedentes de graves trastornos psiquiátricos, con un historial documentado que indica la necesidad de medicación constante para controlar episodios psicóticos. Su condición la ha llevado a comportamientos autodestructivos, incluyendo intentos de suicidio mediante la ingesta masiva de pastillas, uno de los cuales resultó en una internación de 20 días en la clínica «San Michel» de Córdoba.
A pesar de estos antecedentes, la justicia ha ignorado el riesgo que Jhadira representa para su hija, otorgándole los mismos derechos parentales que a Lautaro, quien sí puede garantizar un entorno seguro. En un contexto donde la perspectiva de género ha distorsionado la objetividad judicial, los derechos de los hombres y, lo que es más grave, los derechos de los niños, quedan relegados en favor de una victimización ideológica que no permite matices.

A lo largo de su relación, Jhadira mostró comportamientos tóxicos y violentos, marcados por la desconfianza extrema y un control obsesivo sobre Lautaro. La revisión compulsiva de su teléfono celular se convirtió en una rutina, desatando crisis de celos infundadas que terminaron en agresiones físicas y destrucción de sus pertenencias.

Uno de los episodios más alarmantes ocurrió en mayo de 2023, cuando, en medio de una discusión, Jhadira destruyó el celular de Lautaro en un ataque de ira descontrolada. Este evento no fue un caso aislado, sino el inicio de una escalada de violencia psicológica y emocional que la justicia ha decidido ignorar convenientemente.

Aquí entra en juego el dogma del «Yo te creo hermana», una consigna que anula cualquier análisis racional de los hechos en favor de una creencia inquebrantable en la palabra de la mujer, sin importar cuán inconsistentes, contradictorias o evidentemente falsas sean sus acusaciones. Jhadira, consciente del sesgo judicial a su favor, comenzó a utilizar la denuncia como un arma de control y venganza.

Lo más preocupante de este caso es cómo la perspectiva de género ha permitido que los derechos de una niña de dos años sean completamente ignorados en favor de mantener un falso equilibrio entre progenitores. Emma se encuentra en una situación de riesgo inminente, ya que su madre no está en condiciones psicológicas ni emocionales para ejercer una crianza responsable. Sin embargo, el aparato judicial, en lugar de garantizar la seguridad de la menor, se aferra a la ideología antes que a la evidencia.
Las autolesiones de Jhadira, sus amenazas constantes a Lautaro y su historial de intentos de suicidio son pruebas contundentes de que Emma no está segura bajo su cuidado. No obstante, la justicia, presionada por organismos de derechos humanos y grupos feministas radicales, se niega a reconocer esta realidad.
Este es el verdadero rostro de la perspectiva de género en su aplicación judicial: una herramienta de manipulación que ha desdibujado la frontera entre víctima y victimario, otorgando privilegios injustificados bajo la excusa de combatir un patriarcado omnipresente.

El caso de Lautaro no es un hecho aislado. Cada vez más, los tribunales se han convertido en escenarios de persecución selectiva, donde los hombres son culpables hasta que se demuestre lo contrario, y las mujeres pueden abusar del sistema sin consecuencias.

El activismo judicial ha reemplazado la imparcialidad por el dogma, y las decisiones de los jueces ya no responden a la lógica del derecho, sino a la conveniencia de una narrativa impuesta por presiones ideológicas.

El 30 de junio de 2025, Lautaro vivió en carne propia una de las tantas injusticias que padecen los padres varones en un sistema judicial manipulado por una perspectiva de género que, lejos de buscar igualdad, ha creado un sesgo que favorece exclusivamente a un sector sin evaluar objetivamente cada caso.
Ese día, como de costumbre, entregó a Emma a su madre. Sin embargo, en medio de una discusión, Jhadira decidió unilateralmente que Lautaro no volvería a ver a su hija, utilizándola como un instrumento de chantaje. Horas más tarde, lo acosó con llamadas insistentes, primero por un supuesto olvido de la mamadera y luego con acusaciones infundadas sobre su rol como padre. Finalmente, amenazó con denunciarlo en el Polo de la Mujer, una táctica recurrente en disputas donde el sistema otorga credibilidad automática a la denunciante.

Al día siguiente, la policía llegó con una orden judicial, obligándolo a entregar a Emma y marcándolo como agresor, a pesar de contar con pruebas de que él había sido la víctima de agresiones físicas.
Este caso demuestra cómo el sistema judicial, influenciado por una ideología que privilegia la versión femenina sin cuestionamiento, ha perdido la imparcialidad. Los «cursos de género» han adoctrinado a funcionarios judiciales para actuar con prejuicio, sin evaluar las circunstancias reales de cada caso.
El problema no es la protección de las mujeres en situaciones de violencia real, sino el abuso del sistema por parte de quienes lo utilizan como un arma en disputas personales. Mientras esta tendencia continúe, miles de padres seguirán siendo separados injustamente de sus hijos y etiquetados como agresores sin pruebas.

Este caso no es solo una tragedia personal, sino un símbolo de cómo la manipulación y las falsas acusaciones pueden destruir vidas en un sistema que ha abandonado la imparcialidad. Emma es la verdadera víctima de esta historia: una niña cuya seguridad y bienestar han sido sacrificados en el altar de una ideología que favorece a las mujeres sin evaluar los hechos.

Es urgente recuperar el equilibrio en la administración de justicia. Las decisiones deben basarse en pruebas y hechos, no en discursos prefabricados. Mientras sigamos permitiendo que la ideología de género se imponga como dogma en los tribunales, seguirán surgiendo casos como el de Lautaro y Emma, donde la justicia se convierte en un arma de opresión selectiva.

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