El gobierno respondió con dureza a la decisión de la jueza Karina Andrade de liberar a 114 detenidos tras los incidentes en la marcha de jubilados. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó la medida y prometió accionar judicialmente contra la magistrada, acusando a los manifestantes de intentar desestabilizar al gobierno.
La jornada de protestas que tuvo lugar el miércoles terminó en violencia, con más de 150 detenidos y decenas de heridos. Según Bullrich, los manifestantes incluían barras bravas y extremistas que portaban armas blancas y de fuego. Aseguró que la situación estuvo cuidadosamente organizada para generar caos, lo que justificó la intervención policial.
Además, Bullrich informó que dos de los detenidos, un mexicano y una peruana, serán expulsados del país. La ministra también confirmó que los manifestantes liberados serán acusados de sedición y resistencia a la autoridad.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, se alineó con las acciones de Bullrich, denunciando a la jueza por su decisión y criticando el sistema judicial por permitir la impunidad. Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó al gobierno nacional y destacó que más de la mitad de los detenidos tenían antecedentes penales graves.
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