El Gobierno de Javier Milei oficializa la conversión del Banco Nación en sociedad anónima y avanza con recortes en sucursales y personal

Este jueves, el Gobierno de Javier Milei sorprendió a la sociedad con la publicación del Decreto 116/2025, que oficializa la transformación del Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima, abriendo el camino hacia su posible privatización. La medida ha generado controversia en el ámbito político y sindical, en particular entre los miembros de la Asociación Bancaria, que acusaron al presidente de «estafador» y anunciaron una postura combativa ante los cambios.

El decreto establece que el objetivo de la reestructuración es fortalecer la eficiencia del banco y contribuir a la reducción del déficit fiscal. Como parte de este proceso, el gobierno ha anunciado que se procederá a un recorte de personal y eliminación de sucursales. Las oficinas que serán cerradas aún no se han definido de manera oficial, pero se estima que el cierre afectará a aquellas en los municipios con las tasas impositivas más altas. A su vez, la desvinculación de empleados será determinada por las autoridades del BNA, mientras que el directorio de la entidad, presidido por Daniel Tillard, continuará en sus funciones.

Recortes y reestructuración: el próximo paso

De acuerdo con fuentes del Gobierno, el objetivo principal es modernizar y eficientizar el Banco Nación, un proceso que inevitablemente implicará la clausura de sucursales. La administración ha asegurado que este proceso será gradual y tendrá como base un análisis de la rentabilidad de las sucursales, siendo las oficinas de los municipios con tasas más altas las primeras en verse afectadas.

A pesar de que el decreto no especifica detalles concretos sobre la cantidad de sucursales afectadas ni los plazos exactos, las primeras medidas podrían implementarse antes de que el Gobierno presente formalmente el proyecto de privatización del BNA ante el Congreso.

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Las sucursales en la mira

Las localidades más afectadas por la reestructuración serán principalmente municipios de la Provincia de Buenos Aires, donde se encuentran algunas de las sucursales del Banco Nación con mayor carga fiscal. Entre los distritos que podrían perder oficinas figuran:

Almirante Brown
Avellaneda
Berazategui
Esteban Echeverría
Ezeiza
Florencio Varela
Gral. Rodríguez
Gral. San Martín
Hurlingham
Ituzaingó
José C. Paz
La Matanza
La Plata
Lanús
Lomas de Zamora
Malvinas Argentinas
Merlo
Moreno
Morón
Quilmes
San Fernando
San Isidro
San Miguel
Tigre
Tres de Febrero
Vicente López

Fuera de Buenos Aires, otras ciudades y provincias también están bajo la lupa, tales como Rawson, Resistencia, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Fe, Tucumán, entre otras.

El próximo paso: la privatización

Una vez convertida en sociedad anónima, el siguiente paso para el Banco Nación será la presentación de balances y reglamentos ante la Inspección General de Justicia (IGJ), cuyo proceso de reforma está previsto para las próximas semanas. En este contexto, el peligro de privatización se presenta como una amenaza real, lo que ha generado un fuerte rechazo por parte de los sindicatos y de quienes defienden la existencia de un banco público en manos del Estado.

Reacción sindical: «Estafa y traición»

Desde La Bancaria, el principal sindicato del sector, se han mostrado categóricos en su rechazo a la medida. Acusaron al presidente Javier Milei de estar llevando a cabo una privatización encubierta, lo que consideran una estafa para los trabajadores y una traición a los intereses del pueblo argentino. Los gremios ya han anticipado que intensificarán las protestas y acciones para frenar la reforma y defender los puestos de trabajo.

El Gobierno, por su parte, ha sostenido que la modernización del Banco Nación es crucial para mejorar su eficiencia y alinearlo con las demandas del mercado financiero global, y que los recortes son una medida necesaria para sanear las finanzas del país y reducir el déficit fiscal.

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