El Gobierno denunciará a la jueza que ordenó liberar a los manifestantes detenidos

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticipó que el Gobierno llevará a cabo una denuncia contra la jueza Karina Andrade, quien liberó a la mayoría de los detenidos tras los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso, en el marco de la marcha de los jubilados.

El conflicto estalló cuando simpatizantes de barras bravas se unieron a la protesta por el aumento de las jubilaciones, lo que derivó en enfrentamientos con la policía. Tras los disturbios, 124 personas fueron detenidas, pero 114 de ellas fueron liberadas por orden de la jueza Karina Andrade, quien justificó su decisión al argumentar que se encontraba en juego el derecho constitucional a la protesta. La jueza consideró que la manifestación fue un ejercicio legítimo de libertad de expresión, especialmente por la participación de adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

La decisión generó una inmediata respuesta del Gobierno, que no solo rechazó la liberación, sino que también criticó con dureza la actuación de la jueza. «Los barras bravas son criminales organizados que fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía», expresó Cúneo Libarona, quien agregó que se analizará la actuación de Andrade ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por posible incumplimiento de funciones.

El ministro de Justicia también acusó a la jueza de no investigar a fondo los responsables de haber enviado a los barrabravas a sembrar el caos. «En lugar de investigar, decidió liberarlos en menos de 8 horas», aseguró, refiriéndose a la rapidez con la que la jueza dictó su resolución.

Además, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, se sumaron a las críticas, calificando la situación como un intento de desestabilización del Gobierno y exigiendo un trato más severo para los responsables de los actos de violencia. Francos sostuvo que la liberación de los detenidos dificultó la lucha contra la violencia organizada, mientras que Adorni condenó la «justicia de la puerta giratoria», señalando que aquellos que defienden la impunidad en cada fallo son cómplices de la inseguridad en el país.

La situación refleja una creciente tensión entre el poder judicial y el Ejecutivo, en medio de un contexto de protestas sociales y reclamos populares que se ven cada vez más polarizados. El futuro de esta denuncia dependerá de la evaluación del Consejo de la Magistratura y de los tribunales correspondientes.

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