El Gobierno de Argentina presentó este martes una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el asedio que está sufriendo su sede diplomática en Caracas, donde se encuentran refugiados seis dirigentes opositores al gobierno de Nicolás Maduro. La denuncia fue expuesta en una asamblea de la CPI, y las autoridades argentinas, junto con los propios refugiados, han señalado que el edificio está siendo cercado por las fuerzas policiales venezolanas, quienes han restringido servicios básicos como electricidad y agua, e incluso han impedido el paso de vehículos para abastecer a la sede de alimentos.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Asedio a la sede diplomática
El embajador de Argentina ante los Países Bajos y los organismos internacionales en La Haya, Mario Oyarzábal, detalló la situación de acoso en la Embajada, ubicada en el sureste de Caracas. Según el diplomático, “el inmueble ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores no armados no identificados, en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentran en peligro”. Oyarzábal destacó la “imperiosa” necesidad de que Venezuela respete la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y otorgue los salvoconductos necesarios para permitir que los opositores asilados puedan salir del país sin temor a represalias.
Denuncias de sabotaje y persecución política
Además de las restricciones de servicios y el cerco policial, las autoridades argentinas han denunciado un presunto robo de fusibles eléctricos de la Embajada de Argentina en Caracas, lo que habría agravado la situación de los refugiados. Los seis dirigentes, que son cercanos a la líder opositora María Corina Machado, se encuentran en un contexto de persecución política por parte del régimen de Maduro.
Crisis política en Venezuela y vulneración de derechos humanos
El embajador argentino también se refirió a la crisis política y poselectoral que atraviesa Venezuela, señalando que desde las elecciones del 28 de julio, las condiciones del país han empeorado considerablemente. Oyarzábal aseguró que los derechos humanos y civiles en Venezuela son “sistemáticamente vulnerados” y que la voluntad democrática del pueblo venezolano es ignorada “de manera deliberada” por el gobierno de Maduro.
En su intervención ante la CPI, Oyarzábal subrayó la urgencia de que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia, advirtiendo que la impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también pone en peligro los cimientos del orden jurídico internacional. Argentina es uno de los países de la región que no reconoce los resultados de las elecciones en las que Maduro fue declarado ganador, por lo que a finales de julio, el mandatario venezolano expulsó al cuerpo diplomático argentino y dejó la Embajada bajo el resguardo de Brasil.
Reacción del Gobierno venezolano
La respuesta de las autoridades venezolanas a las denuncias de Argentina no se hizo esperar. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, rechazó las acusaciones y argumentó en una rueda de prensa que si la sede argentina ha sufrido cortes en los servicios, es porque no han pagado las facturas correspondientes. “La Embajada de Argentina está ahí, ellos verán. Que paguen la luz, pues, que paguen los servicios, tampoco les vamos a regalar nada”, expresó Cabello.
Tensiones diplomáticas y críticas internacionales
Este conflicto diplomático ocurre en un contexto de crecientes tensiones internacionales en torno a la situación política de Venezuela. El día anterior, el fiscal de la CPI, Karim Khan, también había solicitado a Venezuela la liberación de los menores de edad detenidos durante las protestas electorales, lo que provocó un nuevo rechazo de la Cancillería venezolana. La administración de Maduro acusó a Khan de haberse dejado influenciar por “campañas públicas” en contra del Gobierno venezolano.
Este nuevo episodio de tensión diplomática entre Argentina y Venezuela refleja la compleja situación política que enfrenta el país caribeño, marcada por la persecución a la oposición y la creciente presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
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