El 18 de enero de 2020, el crimen de Fernando Báez Sosa, un joven de 18 años asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell, conmocionó a la sociedad argentina. Tras una ardua investigación y un juicio en 2023, cinco de los acusados, integrantes de un grupo de rugbiers, fueron condenados a prisión perpetua por el Tribunal N°1 de Dolores, por el delito de «homicidio agravado por el concurso premeditado de una o más personas con alevosía». Los otros tres imputados recibieron 15 años de prisión.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Las condenas fueron el resultado de un juicio que expuso las graves circunstancias del caso, y ahora, casi dos años después del veredicto, las apelaciones siguen avanzando en el sistema judicial. Los abogados de los condenados han decidido cambiar de estrategia: mientras algunos de los imputados mantuvieron una defensa conjunta durante el juicio, ahora han optado por nuevas representaciones legales.
Máximo Thomsen, quien la Justicia determinó que fue el principal agresor al patear la cabeza de Fernando, y Matías Benicelli, fueron los primeros en cambiar de abogado. Thomsen ahora está siendo defendido por Francisco Oneto, quien, en una entrevista posterior, declaró que su cliente se arrepiente y negó haber sido el responsable del golpe fatal. Según Oneto, fue Ciro Pertossi quien agredió a Báez Sosa mientras él estaba en el suelo. Esta versión, que Thomsen nunca mencionó durante el juicio, ha generado polémica, ya que la defensa inicial había adoptado una postura de silencio.
Benicelli, por su parte, presentó un escrito ante la Cámara de Casación en el que solicita la nulidad de la sentencia. En su defensa, Benicelli argumentó que no participó en el asesinato y se mostró como un «inocente» que estuvo «en el lugar y momento equivocado». En una carta dirigida a la opinión pública, Benicelli insistió en que no formó parte del grupo de agresores y se describió como alguien que solo «fue de vacaciones con un grupo de nueve personas». Este cambio de actitud en los acusados ha reavivado el debate sobre su responsabilidad en el crimen.
Mientras tanto, los abogados de los padres de Fernando Báez Sosa, Fabián Améndola y Fernando Burlando, apelaron la decisión de la Cámara de Casación por considerar que se había retirado la agravante de alevosía, dejando únicamente el concurso premeditado. Además, solicitaron que los tres condenados a 15 años de prisión fueran considerados «coautores o subsidiariamente autores primarios del homicidio» y pidieron que se les impusiera prisión perpetua.
El futuro de las condenas aún no está claro, ya que los recursos extraordinarios presentados podrían llevar hasta dos años más para su resolución final. La Corte Suprema de la Nación también podría intervenir, lo que alargaría aún más el proceso judicial.
En cuanto a la vida de los rugbiers en prisión, los ocho acusados continúan detenidos en la Alcaidía del Melchor Romero, donde comparten celdas de dos personas. A pesar de su situación, los detenidos participan en diversas actividades recreativas, como clases de educación física, talleres de lectura y alfabetización jurídica, al igual que el resto de los reclusos en el pabellón.
El caso de Fernando Báez Sosa sigue siendo un símbolo de la lucha por la justicia en Argentina. Las apelaciones y los cambios de defensa de los acusados siguen siendo parte del proceso judicial, mientras que los padres del joven asesinado continúan su lucha por una condena firme y definitiva.