El 6 de enero de 2025 marcará el inicio de uno de los juicios más esperados y complejos en la provincia de Córdoba. El caso que investiga las muertes de cinco recién nacidos y las descompensaciones de otros ocho en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo promete ser uno de los mayores culebrones judiciales del año. En el centro de la atención se encuentra una enfermera, acusada de ser la responsable de asesinar a los bebés mediante inyecciones de potasio. Sin embargo, a medida que el juicio se acerca, crecen las preguntas sobre la verdadera responsabilidad y la falencia del sistema judicial en la provincia.
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(@mimispicher)El caso ha sido rodeado de controversia desde sus inicios, en gran parte por las acusaciones y teorías construidas por la justicia, encabezada por el fiscal Garzón, quien fue criticado por su manejo del caso. En un informe reciente, la periodista Mimi Spicher destacó clave que han sido ignoradas o minimizadas en el expediente. Según la información proporcionada, las directivas dadas por el exdirector del hospital, Cardoso, al entonces responsable de la fiscalía, Carvajal, fueron malinterpretadas, generando confusión sobre cómo se debía manejar la denuncia. El fiscal adjunto, José Gómez Demel, jugó un papel fundamental en el retraso de la denuncia, lo que sugiere que la información sobre las muertes pudo haber llegado a la justicia con una alarmante falta de urgencia.
El informe de Spicher también resalta lo que considera una “construcción de culpabilidad” en torno a la enfermera detenida, Brenda Aguero, a quien se le imputa el asesinato de los bebés sin pruebas concluyentes. A pesar de las evidencias que apuntan a problemas médicos y condiciones previas de salud de las madres de los recién nacidos, la acusación contra Agero no ha sido acompañada de pruebas científicas que la vinculen directamente con las muertes. Además, el informe expone que la acusada nunca tuvo acceso a información sobre cómo inyectar potasio o insulina a bebés, lo que refuerza la teoría de que la acusación fue un montaje impulsado por intereses políticos y mediáticos.
La falta de pruebas tangibles contra Aguero no es la única irregularidad que ha salido a la luz. Según la periodista, los informes médicos revelan que las muertes de los bebés no pueden ser atribuibles exclusivamente a un acto criminal, sino que en muchos casos, las condiciones de las madres, como diabetes gestacional, VIH, y otras patologías, podrían haber influido de manera significativa en el desenlace de las muertes neonatales.
Por otro lado, el fiscal Garzón ha sido blanco de críticas por su enfoque en la construcción de una historia sensacionalista, destinada a proteger a la administración provincial en un contexto electoral. La vinculación de la enfermera como «asesina» sin pruebas sólidas parece haber sido un intento de desviar la atención de la sociedad y los medios de comunicación, mientras se evadían las responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados.
Este juicio promete ser un espectáculo judicial de varios meses, donde se pondrán en juego muchas más preguntas que respuestas. Mientras tanto, el sistema de justicia de Córdoba enfrentará un examen de su propio funcionamiento, al tiempo que la sociedad espera una resolución que, aunque no espectacular, pueda finalmente arrojar luz sobre lo que realmente sucedió en el Hospital Neonatal de Córdoba. Lo que está claro es que este caso no solo se trata de un drama humano, sino también de una crítica profunda a las falencias del sistema judicial y la falta de responsabilidad por parte de los actores clave en el caso.
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