Por Víctor Piccoli – Abogado – Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos con Orientación en Minorías y Grupos Vulnerables
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!EL CASO DE «Juampi Inocente» Y EL ROSTRO DE LA INJUSTICIA ESTRUCTURAL
Por Victor Piccoli – Abogado – Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos con Orientación en Minorías y Grupos Vulnerables.
En un país donde la consigna de los Derechos Humanos se ha vuelto tan solo un eslogan conforme a la ocasión y no una verdadera brújula ética, el caso de «Juampi Inocente», un docente de El Calafate, condenado a 10 años de prisión, por una denuncia falsa, maliciosa e infundada, revela lo que muchos callan y muy pocos nos animamos a denunciar….que la justicia no solamente puede ser injusta sino lo que es doblemente peor, profundamente funcional al poder de turno.
Sin embargo esta historia no es una excepción ni un hecho aislado, es más bien la regla que se disfraza de «anomalía».
En este caso se da lo que venimos denunciando que ocurre a lo largo y ancho del país, es decir que se utiliza al Poder Judicial como un verdadero engranaje que garantiza las apetencias del Poder Político.
Es que en el caso en cuestión se evidencia con claridad meridiana como la sentencia de «Juampi Inocente», motorizada por una denuncia de la Fiscal General Natalia Mercado -pariente directa de la Ex Gobernadora Alicia Kirner- y tramitada en un proceso plagado de irregularidades, silencios cómplices y defensas vacías, no puede entenderse sino el contexto de una justicia como mínimo totalmente colonizada por el poder político y atravesada por relaciones de lealtad ideológica y familiar.
Entonces, ante este panorama ¿puede un docente ser condenado sin pruebas consistentes, y con intervención de operadores judiciales ligados al poder político?
ABSOLUTAMENTE SÍ. Y no solamente que puede, es algo que ocurre todos los días.
Es que el Poder Judicial se ha convertido, en la mayoría de los casos, en una oficina en donde se administran castigos a la carta, al servicio del relato dominante, donde la ley se aplica, como no podía ser de otra manera, selectivamente y la «verdad procesal», se construye con silencios y más silencios, menos con evidencia empírica.
En este sentido entonces hay que empezar a hablar de lo que nadie se atreve, de CORRUPCIÓN SISTÉMICA, ya que este caso no es un hecho aislado, sino que es el diseño de la ingeniería y la arquitectura hilvanada por el poder para garantizar su poder.
El hecho en sí mismo ya es grave de una gravedad institucional inusitada, sin embargo es doblemente grave porque este tipo de hechos se han naturalizado tanto en los intersticios del poder como en la sociedad. Es decir, es llamativamente grave el hecho de que estas situaciones se hayan vuelto parte del funcionamiento ordinario del sistema.
Lo de «Juampi Inocente», por supuesto que es grave, pero lo es no porque haya sido una excepción. Lo es porque expone de manera descarnada el funcionamiento real del sistema judicial, o sea, un sistema judicial SIN INDEPENDENCIA, SIN GARANTÍAS, SIN VERDAD, SIN IMPARCIALIDAD Y SIN OBJETIVIDAD.
Entonces, frente a ello hablar de CORRUPCIÓN ESTRUCTURAL no es solamente hablar de dinero, soborno, cohecho, etcétera, también es hablar de fiscales que persiguen por el hecho de ejercer persecución contra quienes piensan, actúan y se expresan en disidencia, o incluso podría serlo también por el hecho de que ejercen actos de persecución por el hecho de tan sólo tener una orientación sexual que no es la que tales fiscales desearían. Se habla de corrupción cuando los defensores, en ese mismo sistema judicial al que aludo, no se dignan en defender, e incluso hay también corrupción cuando los jueces se alinean por temor o conveniencia a las ideas y designios de los poderosos, diseminando y deteriorando todos los principios constitucionales del Estado de Derecho, entre ellos el principio de inocencia. Hay por supuesto, corrupción también porque ese mismo sistema que debería ser el garante de las leyes, principios y libertades constitucionales y convencionales, ha perdido (o a vendido) su alma y espíritu jurídico y lo ha reemplazado por un aparato ideológico y de replicar esas estructuras de poder para garantizar su propia impunidad.
No es menos cierto que a todo esto han contribuido los profesionales sin vocación de servicio. Entendiendo que uno de los aspectos más alarmantes de esta historia, la de «Juampi Inocente», es justamente el rol que han ejercido quienes teniendo la oportunidad de frenar esta injusticia, optaron por mirar para otro lado, a decir de los más viejos, hicieron la vista gorda. Son llamativas las omisiones procesales como las apelaciones en tiempo y forma, lo cual no ha sido tan solo una falla técnica o «mala praxis», sino que sumado a ello hay renuncias al deber ético. Es decir, hay soltadas de manos en los momentos más difíciles. Y no se sabe bien si ocurrió por el hecho de no quedar mal con ese mismo sistema corrupto o para no generar una pelea que podría haber llegado a ser eterna contra, justamente, el poder local.
No es de extrañar que esto ocurra, ya que precisamente la justicia argentina está plagada de profesionales que militan la apatía, que facturan la resignación y que han tercerizado su conciencia ética, por no decir que promueven la deshumanización que se abona en los ámbitos donde se desempeñan a diario. Estos profesionales están más preocupados por mantener una buena relación con el tribunal que por defender a sus clientes. De hecho, para ellos, un juicio no es un campo de batalla por la verdad, sino un trámite más.
En este sentido no queda más que comenzar a hablar de Alienación Institucional, ya que lo que no se puede decir en voz alta es ¿Quién puede animarse a denunciar que en la Provincia de Santa Cruz, una provincia feudal con justicia a la medida del poder, un hombre fue condenado por su orientación sexual (y sobre todo porque esa orientación sexual no era del agrado de quienes ejercen el poder), por ser docente, por no pertenecer a la casta, por representar una amenaza cultural? NADIE.
Porque hacerlo implicaría denunciar al poder, al judicial y por supuesto a sus satélites ideológicos, plagado de esbirros obsecuentes.
Y eso, precisamente tiene un costo elevado.
Es que el sistema funciona casualmente como una máquina de expulsión simbólica, ya que quien se sale del relato, paga con creces. Y justamente «Juampi Inocente» lo pagó con su libertad.
Lo escalofriante de esta historia no es solamente el fallo, sino la ausencia de humanidad. La desprotección absoluta. La frialdad de quienes pudieron intervenir y no lo hicieron. La orfandad institucional de quien, condenado sin ningún elemento probatorio consistente ni de relevancia, tuvo que acudir a su madre, Ángela Angela Acuña, como su última trinchera de resistencia.
Es que justamente la madre de «Juampi Inocente» no busca privilegios, busca justamente lo que el sistema judicial no le garantizó, JUSTICIA. Lo que conmueve no es precisamente su relato, es más bien su soledad. Su lucha resume básicamente lo que ocurre cuando el aparato estatal deja de ser el garante de los derechos para convertirse en verdugo y sepulturero.
La historia de «Juampi Inocente» es la historia de todos, es la historia de toda la sociedad. Lo de Juampi Inocente, no es un hecho ni un caso aislado. Es una verdadera matriz de CORRUPCIÓN. Un guion que se repite con distintas víctimas y distintos actores. Es el mismo sistema que persigue a padres por defender el vínculo con sus hijos, que condena sin pruebas, que favorece denuncias instrumentales y que usa la «perspectiva de género» (o a decir de Francisco Serrano, «la Dictadura de Género») como coartada para desactivar garantías básicas.
Como abogado, como ciudadano, como pareja, como padre y como ser humano, lo que duele no es tan solo la injusticia:
ES EL SILENCIO,
ES LA COMPLICIDAD PASIVA,
ES LA FALTA DE REACCIÓN DE UN SISTEMA QUE HA OLVIDADO QUE SU RAZÓN DE EXISTIR NO ES CASTIGAR, SINO LIMITAR EL PODER Y PROTEGER LA DIGNIDAD HUMANA.
Víctor Piccoli – Abogado. Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos (Univ. de Bologna). Con formación en Derecho Ambiental, Gestión Parlamentaria y Protección de Grupos Vulnerables.
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