En un movimiento que recuerda las políticas de privatización de los años ’90, el Gobierno de Javier Milei ha anunciado su intención de vender activos estatales, comenzando con la privatización de Belgrano Cargas. La estrategia adoptada busca dividir las concesiones en múltiples compañías para atraer inversores y fomentar la competencia en sectores estratégicos, como los trenes de pasajeros.
La privatización de Belgrano Cargas marca el inicio de un proceso que se ampliará a otros activos estatales, siguiendo la reciente aprobación del dictamen para privatizar Aerolíneas Argentinas, que cuenta con el apoyo de sectores del PRO y parte de la UCR. Actualmente, el Estado argentino tiene participación en más de un centenar de empresas, 34 de las cuales tienen una participación mayoritaria.
Desempeño de las Empresas Estatales
Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, 21 de estas empresas presentaron superávit financiero en el último trimestre de 2023. Sin embargo, en el primer trimestre de 2024, este número se redujo a solo doce, una disminución atribuida a los recortes presupuestarios implementados por la administración de Milei. Estos recortes, a menudo referidos como «la motosierra», han llevado a una reducción del 46% en las transferencias estatales, afectando especialmente a Enarsa debido a la disminución de subsidios y la menor necesidad de importación de gas tras la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.
El Caso de Belgrano Cargas: Historia y Futuro
La privatización de Belgrano Cargas no es un concepto nuevo; en 1999 fue privatizada, pero la falta de inversiones resultó en un deterioro de la infraestructura, lo que llevó a la declaración de emergencia ferroviaria en 2006. Posteriormente, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner revirtió la concesión y nacionalizó el servicio en 2013. Desde entonces, la estatal Trenes Argentinos Cargas había experimentado una notable recuperación, aumentando en un 57,4% el transporte de mercancías entre 2021 y 2022.
A pesar de estos avances, la administración actual argumenta que dividir la concesión en tres segmentos (administración, infraestructura y operación) es esencial para evitar los errores del pasado. «La situación actual exige analizar las opciones de gestión más eficientes», señalaron fuentes de la Secretaría de Transporte.
Críticas a la Estrategia de Privatización
El avance de las privatizaciones ha desatado un intenso debate sobre los efectos de los recortes en las empresas públicas. Los ingresos de Aerolíneas Argentinas han caído un 28% en el primer semestre de 2024, mientras que Correo Argentino y Corredores Viales registraron una baja del 26%. En contraste, AySA y Trenes Argentinos han incrementado su facturación, gracias a ajustes tarifarios, una estrategia criticada por aumentar los costos de los servicios públicos para los ciudadanos.
Manuel Valenti Randi, economista y director del observatorio Ocipex, advirtió que «esta política de privatizaciones y aumentos en tarifas afecta a toda la ciudadanía, desmantelando el patrimonio nacional y elevando el costo de servicios esenciales». También denunció la reciente decisión de quitarle a Arsat la franja reservada de 100 MHz para proveer internet a más de 42 mil escuelas, lo que podría impactar negativamente en la conectividad y rentabilidad de la empresa.
Un Debate Abierto
Con la política de recortes, el Estado ha logrado disminuir su participación en el PBI al reducir las transferencias a las empresas estatales, aunque esto ha generado un debilitamiento de los servicios y una reducción de las inversiones en mantenimiento e infraestructura. Según el centro de estudios Ocipex, «lejos de ser una carga para el Estado, las empresas públicas han sido clave en el desarrollo de sectores estratégicos, y su fortalecimiento permitió paradójicamente reducir las transferencias del Tesoro».
El avance en la privatización de activos estatales por parte del gobierno de Milei plantea interrogantes sobre el futuro de los servicios públicos y la capacidad del Estado para garantizar su funcionamiento en un contexto de creciente competencia y privatización.
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