El Gobierno de Javier Milei cerró el año con una notable acumulación de capital político, variables macroeconómicas controladas y una calma social en las calles. A pesar de haber comenzado su mandato con minoría en ambas cámaras, logró avanzar en temas clave en el Congreso, lo que le otorga una base sólida para encarar este segundo año al frente del Estado, donde la profundización de su programa económico, centrado en desregulaciones y privatizaciones, será uno de los principales ejes.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Uno de los proyectos más emblemáticos de la gestión libertaria en cuanto a privatización y desregulación es la gestión privada de las rutas nacionales. Este plan, que fue anunciado en octubre del año pasado a través de Vialidad Nacional, busca licitar más de 9.000 kilómetros de rutas para su operación y mantenimiento, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial del país, disminuir el déficit, transparentar el gasto público y equilibrar las cuentas del Estado.
El decreto 28/2025, publicado en el Boletín Oficial, formaliza este proceso de privatización de rutas nacionales. En el mismo se establece que las licitaciones para la concesión de las rutas se realizarán en un plazo de 12 meses, bajo el régimen establecido en la Ley Nº 17.520 y sus modificatorias. La modalidad de concesión será determinada según lo que se considere más conveniente, con el fin de otorgar la concesión por peaje para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios a los usuarios, así como también para la realización de nuevas explotaciones complementarias que permitan obtener ingresos adicionales.
El papel del Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad
El decreto detalla las facultades del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, para convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad será la encargada de supervisar y controlar tanto los contratos de concesión viales vigentes como los futuros.
La privatización incluye rutas estratégicas para el comercio y la conectividad regional, como el Corredor Vial 18, que conecta a Argentina con Uruguay y Brasil, la Ruta Nacional 12, que une Misiones, Corrientes y Entre Ríos con Buenos Aires, y la Ruta Nacional 14, que vincula a Entre Ríos, Corrientes y Misiones. También está en la mira el puente Rosario-Victoria, que forma parte de la red vial de accesos de la ciudad de Rosario.
Proceso de licitación en dos etapas
El proceso de concesión de estas rutas se desarrollará en dos etapas. En la primera, se licitarán dos tramos del Corredor Vial 18, cuya concesión vence el 9 de abril de 2025. En la segunda etapa, que comprenderá un período posterior, se licitarán otras rutas clave, como la Ruta Nacional 33 en Santa Fe, la Ruta Nacional 18 en Entre Ríos, y la variante de la Ruta Nacional 19 en Córdoba. Esta segunda etapa se llevará a cabo en once tramos, lo que representa un importante avance en la privatización de la infraestructura vial argentina.
Con esta medida, el Gobierno de Javier Milei continúa con su plan de reformas económicas estructurales, apostando al sector privado como motor para mejorar la calidad de los servicios públicos y reducir la carga fiscal del Estado. El proceso de privatización de las rutas nacionales se presenta como un paso más en la implementación de su programa económico, que sigue siendo uno de los ejes centrales de la administración libertaria. Sin embargo, la medida también genera inquietudes entre sectores de la oposición y algunos usuarios de las rutas, que temen por el aumento de los peajes y las posibles consecuencias sociales de esta privatización.
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