El Gobierno Decreta el Fin de la Secretaría de Vivienda y Reestructura el Ministerio de Economía

El Gobierno nacional anunció una importante reestructuración dentro del Ministerio de Economía, con el foco principal en la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, junto con sus subsecretarías. La decisión fue publicada esta mañana en el Boletín Oficial, bajo el decreto número 70/25, que marca un hito simbólico para la administración actual, ya que rememora el mismo número utilizado al inicio de la gestión para implementar medidas clave, como la derogación de la Ley de Alquileres.

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El cierre de la Secretaría de Vivienda, una de las áreas más relevantes para la política habitacional, significa la eliminación de un organismo encargado de la implementación de programas de construcción de viviendas. Entre los más destacados estaban «Casa Propia» y el FONAVI, que anteriormente habían sobrevivido a la disolución del programa PROCREAR, destinado también a la construcción de viviendas. En el futuro, la Secretaría de Obras Públicas tomará a su cargo algunas de las funciones de la desaparecida Secretaría de Vivienda.

La disolución se da en un contexto de críticas a la gestión de los fondos destinados a la vivienda, que se administraban a través de tres fondos fiduciarios. Estos fondos han estado envueltos en polémicas debido a irregularidades en el manejo de recursos, la falta de control sobre los mismos y el incumplimiento de los objetivos que perseguían, lo que llevó a la decisión de disolución o liquidación de los mismos.

Uno de los fondos más relevantes que enfrentó serias irregularidades fue el PROCREAR, cuyos problemas fueron expuestos en una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Esta auditoría señaló graves fallas en la entrega de viviendas, demoras significativas y la falta de condiciones mínimas de habitabilidad en las unidades entregadas. De manera similar, el Gobierno avanzó con la disolución del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, cuyo uso había sido acusado de estar vinculado a fines clientelísticos, y también comenzó el proceso de liquidación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), otro programa envuelto en controversias.

Con la reestructuración, el Gobierno Nacional ratifica su postura de transferir a las provincias y municipios la responsabilidad de impulsar obras de vivienda, a través de un modelo que considera más eficiente y transparente frente a la gestión centralizada que hasta ahora venía siendo criticada.

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