El Gobierno nacional anunció la implementación de un nuevo Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas a través del Decreto 969/2024, publicado en el Boletín Oficial. Esta normativa tiene como objetivo resolver los conflictos financieros entre la Nación y las provincias, buscando facilitar el saneamiento de las cuentas públicas.
Entre los beneficios que ofrece el nuevo régimen se incluyen la posibilidad de renegociar deudas entre el Estado Nacional y las provincias, así como la extinción total o parcial de obligaciones. Además, se pretende mejorar el sistema de coparticipación para garantizar una distribución más equitativa de los fondos.
El texto del decreto establece: «Se considera oportuno crear el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el ESTADO NACIONAL y las Provincias y/o la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES como una herramienta que permita ofrecer a todas las jurisdicciones, incluyendo a las que no hubieran adherido al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, la posibilidad de extinguir sus obligaciones con el objeto de facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas y superar el estado de emergencia que el país atraviesa».
Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, explicó en una conferencia de prensa que la adhesión al régimen será opcional para las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se contempla que el Ejecutivo podrá entregar tierras, empresas, rutas y otros bienes para saldar las deudas.
El decreto indica que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán manifestar su voluntad de participar en el régimen ante la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos, el cual podrá ser ampliado por la autoridad de aplicación.
Catalán también destacó que se establecerá una mesa de diálogo entre los mandatarios provinciales y el Gobierno nacional. Bajo este nuevo régimen, los distritos podrán gestionar solo aquellas deudas que consideren necesarias, lo que permitirá negociar compensaciones, conciliaciones, transacciones y otras operaciones con el objetivo de cancelar deudas.
Esta iniciativa del Gobierno busca, en última instancia, aliviar la carga financiera de las provincias y contribuir a la estabilidad económica del país en un contexto de emergencia.
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