En el Boletín Oficial del 30 de diciembre se publicó la Resolución General N° 5624 de la ARCA (anteriormente AFIP), que prorroga hasta el 30 de junio de 2025 la suspensión de las ventajas impositivas en el IVA y Ganancias para la importación de varios bienes. Este cambio impacta a diversos sectores, siendo uno de los más afectados el automotor, que atraviesa una compleja situación económica.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!El principal cambio que se mantiene es el anticipo de IVA adicional que deben pagar las empresas al nacionalizar productos importados. Aparte del IVA del 21%, se aplica una alícuota extra del 20% que las empresas deben abonar como recargo anticipado. Esta medida había sido modificada en la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, cuando se dispuso que las empresas, incluso aquellas con crédito fiscal a favor, debían abonar este anticipo y recuperarlo más tarde, al momento de la venta de los productos importados.
Lo que comenzó como una estrategia de Massa para aumentar la recaudación fiscal y financiar subsidios al consumo, bajo lo que se conoció como el “plan platita”, sigue vigente en la actual gestión de Javier Milei, que decidió renovar la suspensión de la exención de pago que se aplicaba a algunas empresas. El plazo para esta exención vencía a fines de 2023, pero con la reciente resolución, el régimen continúa hasta mediados de 2025.
En el sector automotor, la medida ha generado sorpresa y malestar, ya que se esperaba que el nuevo gobierno decidiera eliminar esta carga impositiva que, según algunos actores del sector, contradice el discurso oficial de reducir impuestos. En la primera mitad del año, la continuidad de esta política había sido comprendida como una necesidad de mantener los ingresos fiscales, pero la reciente prórroga ha comenzado a ser cuestionada.
El sector automotriz se enfrenta a una presión tributaria considerable, que muchos aseguran es la principal causa del alto costo de los vehículos en el país. MDZ conversó con un importador de autos, quien explicó cómo funciona el polémico mecanismo y su impacto en los costos de los autos cero kilómetro.
Las definiciones del importador
“El impacto principal es sobre las empresas más grandes, aquellas que tienen mayor facturación o empleados. No afecta tanto a las pequeñas y medianas empresas (mipymes), pero sí a aquellas que tienen socios extranjeros. Antes de esta medida, si tenías saldo de IVA o Ganancias a favor, podías solicitar una exención a la AFIP, y no tenías que pagar este doble IVA al nacionalizar los bienes. Massa suspendió esta exención, y ahora con Milei se continúa la misma política”, explicó el importador.
El problema, según el entrevistado, es que las empresas deben desembolsar un 20% adicional en la aduana para nacionalizar los autos, dinero que luego es recuperado cuando se factura la venta, lo que genera una “inmovilización de dinero” que tiene un costo financiero. “La plata está en manos del Gobierno, no en las nuestras, y este costo lo trasladamos a los precios de los productos. Si no lo pagáramos, podríamos mejorar la rentabilidad, pero con un mercado tan competitivo, hay que trasladar esos costos a los precios finales”, señaló.
El importador también detalló que para una empresa mediana, la plata inmovilizada podría ascender a $1.000 millones, una cantidad que el Gobierno retiene sin pagar intereses. “Es como si el Estado financiara al sector privado a tasa cero, lo que genera pérdidas significativas. Este proceso de nacionalización de autos, que puede demorar hasta 30 días o más, genera un costo para las empresas, que deben financiar al Estado sin ningún beneficio”, agregó.
Este anticipo adicional sobre el IVA, explicó el importador, es completamente ilógico desde el punto de vista del negocio. “Lo normal es pagar solo el 21% sobre el valor CIF (costo, seguro y flete), no un 20% extra. Este recargo genera una carga financiera que se traslada al precio de los autos, haciendo más costoso el producto final para los consumidores”, concluyó.
La medida, que surgió bajo el gobierno de Massa, sigue siendo implementada por Milei, lo que ha generado malestar en el sector automotor y en muchas empresas que consideran que esta política agrava la situación económica y la alta presión tributaria que enfrentan.
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