El peronismo impulsa la creación de una comisión investigadora sobre posibles sobornos en la votación de la Ley Bases

El peronismo en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de resolución para crear una comisión investigadora que analice posibles irregularidades y la existencia de coimas o sobornos a diputados y senadores durante la votación de la Ley Bases. La iniciativa, promovida por el diputado nacional Santiago Cafiero, fue firmada por 17 legisladores, incluyendo al presidente del bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, y otros referentes del espacio, como Victoria Tolosa Paz, Carolina Gaillard y Paula Penacca.

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Es urgente que el Congreso de la Nación intervenga a través de una Comisión Investigadora para esclarecer si existieron sobornos al torcerse la votación a favor del oficialismo en la Ley Bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. pic.twitter.com/N1eUsNMQV4
— Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) December 6, 2024

La Comisión Investigadora sobre Coimas, Cohechos, Sobornos y Pagos Irregulares buscará esclarecer si hubo pagos ilegales o promesas de beneficios relacionados con la sanción de la ley 27.742, y examinará los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y otras transacciones que pudieran involucrar prácticas irregulares.

Uno de los principales fundamentos del proyecto es la reciente detención del senador Edgardo Kueider, quien fue arrestado en Paraguay mientras intentaba ingresar al país con más de 200.000 dólares. El senador entrerriano, quien votó a favor de la ley oficialista, se encuentra actualmente en prisión domiciliaria en Asunción, junto a su secretaria. La detención de Kueider, según los impulsores de la comisión, “suma cuestionamientos” al proceso legislativo que precedió la aprobación de la Ley Bases.

“Este grave acontecimiento político e institucional se desarrolla en un contexto de estrecha vinculación del citado legislador con actuales funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, que se manifestaron en el ejercicio de sus actividades legislativas, en su voto favorable a la sanción de la Ley N°27.742”, argumentó el bloque de UP en el proyecto.

Además, señalaron otros hechos polémicos durante la tramitación de la ley, como la filtración de un documento del Gobierno para elaborar el pliego de la senadora Lucila Crexell, en el momento en que su voto era clave para alcanzar las mayorías necesarias. La comisión también investigaría otros posibles recursos espurios utilizados por el Poder Ejecutivo para asegurar el respaldo parlamentario para la ley.

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De aprobarse, la comisión estaría compuesta por nueve miembros, elegidos por los bloques legislativos, y tendría amplias facultades, como la de solicitar informes a organismos públicos, citar a funcionarios y terceros interesados, y recibir denuncias y pruebas. También podría contar con la colaboración de organismos como la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación.

El informe final de la comisión sería público y debería ser entregado en un plazo no mayor a seis meses, con posibilidad de extender su funcionamiento por un máximo de un año. Esta medida busca arrojar claridad sobre las posibles irregularidades que habrían rodeado la aprobación de la Ley Bases y determinar si se cometieron delitos vinculados a la sanción de la normativa.