El Gobierno Nacional ha implementado una medida que está causando inquietud entre los empleados del sector público: la obligatoriedad de un examen de idoneidad para todos los trabajadores del Estado. Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que esta evaluación no busca ser un filtro, sino un requisito que deberán cumplir los empleados para continuar en sus funciones, una decisión que afecta principalmente a aquellos cuyo contrato vence a fin de año.
El examen comenzará la semana próxima y abarcará a unos 40.000 empleados que se encuentran en situaciones de planta transitoria, contratados o monotributistas (Categoría 1109). Los trabajadores podrán rendir hasta tres veces, y las autoridades están evaluando la posibilidad de extender los contratos por un par de meses para aquellos que no aprueben en la primera instancia.
La medida no solo afecta a los empleados actuales, sino también a todos aquellos que deseen ingresar al sector público. La realización del examen será obligatoria, y junto con este, los aspirantes deberán presentar un certificado de antecedentes penales.
Cómo Serán los Exámenes
Se han diseñado dos tipos de exámenes: uno para empleados administrativos y otro para profesionales. Para los administrativos, se evaluarán habilidades como la comprensión lectora y el razonamiento lógico matemático. En el caso de los profesionales, además de los aspectos mencionados, se incluirán conocimientos específicos sobre la administración pública, como la Constitución Nacional, la ley de Ética Pública y otras normativas que rigen el funcionamiento del Estado.
El procedimiento será el siguiente: cada empleado debe sacar un turno en una página web habilitada para tal efecto, y una vez asignado el turno, será citado a un establecimiento donde rendirá el examen en una computadora o laptop proporcionada por el sistema. Tendrá una hora para responder entre 20 y 24 preguntas, y al finalizar se le otorgará una puntuación que solo será conocida por el empleado. La calificación no será pública ni utilizada para realizar rankings.
Reducción del Estado y Ajuste de Personal
La medida forma parte de una estrategia más amplia de reducción del tamaño y la eficiencia del Estado. Según fuentes oficiales, durante la gestión actual, se ha logrado una reducción significativa en la estructura estatal. Los 18 ministerios originales fueron reducidos a 8, y la cantidad de autoridades superiores (ministros, secretarios y subsecretarios) se redujo en un 33%. Además, se cerraron más de 250 áreas del Estado, y se espera que el número llegue a 400 en el corto plazo.
En cuanto al personal, se han eliminado más de 30.000 puestos de trabajo en la administración pública y empresas estatales, lo que representa una disminución del 7,8% en comparación con el año pasado. Por ejemplo, el Correo Argentino pasó de contar con 17.000 empleados a 12.000. Esta reducción tiene como objetivo hacer más eficiente al Estado, bajo el concepto de “servidor público”.
Objetivo: Un Estado Más Eficiente
El Gobierno sostiene que, a pesar de un aumento del 50% en el empleo estatal y del gasto público, no se ha logrado una mejora en la calidad de los servicios en áreas clave como educación, salud y seguridad. Con este contexto, el Gobierno busca reducir el tamaño del Estado, fusionar y cerrar organismos descentralizados que han perdido su razón de ser, mientras que otros, como el INDEC, no se verán afectados.
En cuanto al personal desafectado, el Gobierno ha señalado que no necesariamente serán despedidos, sino que podrán ser reubicados dentro del Estado, en virtud de la ley Bases. Los empleados que no sean reubicados en un plazo de 6 a 12 meses recibirán su indemnización.
Salarios y Convenios
El sistema de salarios también está siendo revisado. Actualmente existen más de 50 convenios, y la intención es simplificar y estandarizar los mismos, para lograr una base común. A largo plazo, se contempla premiar el desempeño de las áreas que mejor cumplan con sus tareas, fomentando la eficiencia dentro de la administración pública.
Este examen de idoneidad y la reducción del tamaño del Estado reflejan un esfuerzo por parte del Gobierno Nacional por hacer más eficiente la administración pública y garantizar que los recursos del Estado sean utilizados de manera más efectiva.
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