Recientemente, el sindicato AGEPJ ha denunciado supuestas irregularidades en el concurso para cubrir cargos en la Defensa Pública Penal de Capital, revelando una serie de prácticas sospechosas que han puesto en entredicho la transparencia del proceso judicial en Córdoba. Esta denuncia es solo una más en una larga lista de cuestionamientos hacia un poder judicial que, lejos de ofrecer seguridad y justicia a los ciudadanos, parece ser cada vez más susceptible de manipulaciones internas y abuso de poder.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!El caso más reciente, referido al concurso de Auxiliar Colaborador de la Defensa Pública, pone en evidencia una posible filtración de exámenes, en la que, según la denuncia, una concursante habría tenido acceso anticipado al contenido del examen a través de un miembro del tribunal. Este hecho no solo atenta contra la transparencia del sistema de concursos, sino que también deja una preocupante sensación de impunidad en un poder cuya misión es velar por la equidad y la justicia. Como expresó Federico Corteletti, Secretario General de AGEPJ, si hubo filtración, «es gravísimo», porque daña la confianza en un sistema que se supone debe ser imparcial y basado en el mérito.
Sin embargo, este episodio no es un caso aislado, sino parte de una serie de situaciones que han marcado la gestión del poder judicial en Córdoba en los últimos tiempos. Entre ellas, destacan otros hechos que merecen ser analizados con detenimiento, ya que reflejan una preocupante tendencia de abuso de poder y de manipulación de la justicia.
Uno de los casos más alarmantes fue el escándalo conocido como el Caso Neonatal, donde se pusieron en evidencia prácticas poco claras y la falta de transparencia en torno a las muertes de bebés en la maternidad del Hospital Neonatal de Córdoba. La respuesta tardía y la falta de una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido generaron una gran indignación social. En este contexto, se resalta la intervención del fiscal adjunto Gómez Demmel, quien fue señalado por su manejo discrecional de los casos relacionados, lo que despertó más dudas sobre su imparcialidad y compromiso con la verdad.
Además, a principios de año, se dio la controversia con los guardacareles en la provincia, un conflicto que también fue objeto de intervención judicial. La forma en que se gestionó el caso mostró una vez más las deficiencias en la administración judicial y el manejo político que, en muchos casos, parece primar sobre el bienestar social y el derecho a la justicia.
Otro tema que no puede ser obviado es el SENAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), cuyo accionar en Córdoba ha sido cuestionado en diversas ocasiones. En particular, la falta de coordinación con la justicia en casos de maltrato infantil y la tardanza en las respuestas judiciales ante denuncias de abuso han generado un clima de desconfianza entre la sociedad y las instituciones encargadas de velar por los derechos de los menores.
La figura del fiscal adjunto Gómez Demmel aparece recurrentemente en el centro de estos cuestionamientos. Su intervención en diversos casos y su estilo de manejar ciertos procesos judiciales ha despertado preocupaciones sobre su imparcialidad y su posible abuso de poder. Es difícil no preguntarse: ¿quién controla a los funcionarios judiciales cuando parece que el poder está tan concentrado en manos de unos pocos? ¿Quién se asegura de que la justicia no sea utilizada como un instrumento de persecución o manipulación política?
En un contexto en el que la justicia debería ser un pilar fundamental para garantizar los derechos de los ciudadanos, estos casos nos llevan a reflexionar sobre la necesidad urgente de mecanismos de control más estrictos sobre los funcionarios judiciales. Un sistema judicial que no se somete a supervisión y que carece de transparencia puede convertirse en un instrumento opresivo, en lugar de ser una garantía de justicia.
Es fundamental que los ciudadanos, los gremios y la sociedad en su conjunto exijan respuestas y, más importante aún, la rendición de cuentas de aquellos que tienen el poder de administrar la justicia. Si no existen controles efectivos, la justicia se convierte en un monopolio que puede ser manipulado y utilizado con fines particulares, poniendo en riesgo la confianza de la sociedad en sus instituciones.
La denuncia de AGEPJ es un llamado de atención, no solo para el Tribunal Superior de Justicia, sino para toda la sociedad. Necesitamos un poder judicial transparente, imparcial y comprometido con el verdadero ejercicio de la justicia. Si seguimos permitiendo que el abuso de poder y la manipulación prevalezcan, corremos el riesgo de perder lo más valioso: la confianza en un sistema que debe velar por el bienestar de todos.
¿Quién controlará a los jueces y fiscales para que no opriman ni persigan a la sociedad con el poder que tienen sobre la justicia? La respuesta a esta pregunta es crucial para el futuro de la democracia y el estado de derecho en Córdoba.