El pasado 10 de enero, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado condenando la detención de 19 personas en Venezuela, arrestadas durante una manifestación contra el régimen de Nicolás Maduro. Este pronunciamiento, aunque bienvenido por la denuncia de una nueva violación de derechos humanos en suelo venezolano, subraya una constante que ha caracterizado la actuación de la ONU frente a la crisis venezolana: la falta de una postura contundente y proactiva ante la violación sistemática de derechos y libertades en el país.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!La última mención significativa a Venezuela antes del comunicado del 10 de enero fue el 20 de diciembre de 2022, con un artículo sobre la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y sus esfuerzos por mejorar la gestión ambiental. En ese momento, la ONU no hizo referencia alguna a la grave crisis política, económica y social que padecen millones de venezolanos bajo el régimen de Maduro.

Es alarmante que, ante la vulneración constante de derechos humanos, las detenciones arbitrarias, la tortura y la represión, la ONU se haya mantenido tan distante de una intervención clara o de una postura firme. La falta de un protagonismo contundente frente a la crisis venezolana ha generado desconfianza y frustración, no solo entre los ciudadanos venezolanos, sino también entre la comunidad internacional que observa, cada vez más, la inacción de una organización que debería ser el baluarte de la paz, los derechos humanos y la justicia global.
Para comprobar esta inacción basta con acceder al sitio web oficial de la ONU, en su versión en castellano, y realizar una simple búsqueda de la palabra «Venezuela». Los resultados son elocuentes: escasos comunicados dispersos, sin una estrategia clara ni una postura consistente frente a la crisis humanitaria y política que azota al país. Este vacío informativo y la falta de un enfoque más centrado y continuo sobre Venezuela en el portal oficial reflejan el desapego de la ONU hacia una problemática que, aunque es de conocimiento global, no parece haber sido una prioridad para la organización.
Este silencio y la pasividad prolongada de la ONU frente a un régimen que asedia a su pueblo y que ha logrado mantenerse en el poder mediante prácticas autoritarias, violaciones a la libertad de expresión y represión de la oposición, son inaceptables. Los informes sobre la crisis humanitaria en Venezuela y las condenas a las violaciones de derechos humanos son insuficientes sin una presión real y constante sobre el régimen de Maduro para que se detenga la represión y se restauren las libertades fundamentales.
La comunidad internacional, y especialmente la ONU, debe ir más allá de las declaraciones de preocupación. Se requiere un accionar más decisivo, que incluya medidas diplomáticas concretas, apoyo real a la oposición democrática y una mayor presión sobre el gobierno venezolano para que se comprometa con un proceso de reconciliación, respeto a los derechos humanos y una transición hacia un gobierno legítimo. La crisis venezolana no puede seguir siendo una nota al pie de página en las publicaciones de la ONU, como ocurrió en diciembre de 2022.
El pueblo venezolano ha sufrido ya demasiado bajo el régimen de Nicolás Maduro. En lugar de permanecer distante, la ONU debe asumir un papel más activo y coherente con sus principios fundacionales, liderando los esfuerzos internacionales para asegurar que la justicia y los derechos humanos prevalezcan en Venezuela.