Moody’s subió la calificación de Córdoba, lo que mejora el acceso al financiamiento. Llaryora marca diferencias con la Nación y avanza con EPEC.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dio esta semana un golpe de efecto que lo posiciona como una referencia en el manejo fiscal frente al Gobierno nacional. La calificadora Moody’s Local AR subió la nota de la deuda provincial tanto en moneda local como extranjera, llevándola de A.ar a AA-.ar, y manteniendo la perspectiva estable. Esta mejora implica que la Provincia podrá acceder a financiamiento más barato en un contexto nacional donde el Riesgo País se acerca a los 900 puntos básicos.
Desde Moody’s destacan “las mejoras sostenidas que la provincia ha mostrado en sus resultados fiscales durante los últimos años”, señalando también un bajo nivel de endeudamiento y un sólido compromiso fiscal. “La provincia ha demostrado un buen desempeño frente a los desafíos planteados el año pasado”, indica el informe.
El respaldo de Moody’s se convierte en una señal clara para los mercados, justo cuando Llaryora avanza en otro frente: la transformación de EPEC en sociedad anónima. La medida, tomada por decreto el pasado martes, permite a la distribuidora energética provincial abrirse a capitales privados.
Desde el gobierno provincial explican que no se trata de una privatización, sino de una reformulación legal que le permitirá a EPEC ampliar unidades de negocio, acceder a financiamiento y asociarse con otras compañías. “Esta empresa, referencia nacional por su prolijidad y buenos números, ahora podrá participar activamente en la economía energética dentro y fuera de Córdoba”, sostuvieron desde el entorno del mandatario.
El ministro de Obras Públicas, Fabián López, también defendió la decisión: “Este nuevo ropaje jurídico le permitirá a EPEC asumir nuevos desafíos”. En paralelo, el informe de Moody’s remarca que, si bien gran parte de la deuda provincial sigue en moneda extranjera, Córdoba necesitará diversificar fuentes de financiamiento para mantener la inversión en obra pública.
Llaryora parece decidido a diferenciarse del Gobierno nacional mostrando orden fiscal, capacidad de gestión y apertura al capital privado sin ceder el control estatal.
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