El ministro de Economía, Luis Caputo, logró una victoria en su disputa con los municipios al implementar un esquema que impide que las distribuidoras de luz y gas corten el suministro de estos servicios si las tasas municipales están impagas. Esta medida busca proteger a los consumidores, evitando que se vean obligados a abonar cargos municipales cuando pagan sus boletas de servicios públicos.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Caputo explicó que los usuarios que paguen tasas municipales a través de sus facturas de servicios y no deseen hacerlo podrán solicitar un resarcimiento por esas sumas. Esta acción busca garantizar que no se mezcle el pago de impuestos locales con el pago de servicios básicos.
El caso de Tres de Febrero
En un paso más hacia la implementación de la medida, el municipio de Tres de Febrero decidió retirar cualquier cargo relacionado con el servicio de luz en sus boletas, trasladando dicha carga a la Tasa de Seguridad e Higiene (TSG). Esto marca un cambio en cómo los municipios gestionan sus cobros a los ciudadanos.
Rechazo judicial a los amparos municipales
El fallo judicial resultó favorable a la posición de Caputo, rechazando los amparos presentados por varios municipios como Tigre, Hurlingham, Moreno, General Rodríguez, José C. Paz, Ituzaingó y San Martín. El Juzgado destacó la importancia del sistema protector de los consumidores, respaldado por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
En su fallo, el tribunal también validó la legalidad de las normas del ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) y del ENTE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), además de la Resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio. Esta resolución especifica que las facturas emitidas por los proveedores de servicios deben contener únicamente los conceptos relacionados con el servicio contratado por el consumidor, sin incluir cargos ajenos, como las tasas municipales.
El futuro de las tarifas
El Gobierno, a través de la Secretaría de Energía que depende de Caputo, ya había presentado esta medida en la audiencia pública de gas de principios de mes y tiene previsto volver a tratarla en la audiencia pública de electricidad programada para esta semana. En ese encuentro, el Gobierno tiene la intención de definir las tarifas de los servicios públicos para el próximo quinquenio.
Caputo también remarcó que la Resolución de la Secretaría de Industria y Comercio estipula sanciones para las empresas que no cumplan con lo establecido, en línea con el régimen de penalidades de la Ley de Defensa del Consumidor.
Además, las empresas de servicios públicos deberán incluir en sus facturas información sobre el derecho de los usuarios a reclamar una indemnización si se les facturan sumas indebidas o conceptos ajenos al servicio contratado.
Práctica generalizada y violación a los derechos del consumidor
La inclusión de conceptos ajenos en las facturas de servicios públicos por parte de los municipios y gobiernos provinciales ha sido una práctica creciente en los últimos años. Según Caputo, esta práctica no solo viola el trato digno a los consumidores, sino que también infringe la libertad de elección de los mismos, al obligarlos a pagar tasas municipales junto con los servicios básicos.
Con esta medida, el Gobierno busca que los usuarios tengan mayor control sobre lo que pagan y cómo se estructuran sus facturas de servicios, fortaleciendo la protección al consumidor frente a prácticas que, según Caputo, resultan en abusos financieros.
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