El gobierno de Javier Milei sufrió un importante revés judicial tras la resolución del Juzgado Federal N° 2 de La Plata, a cargo del juez subrogante Alejo Ramos Padilla, quien dictaminó que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 y la resolución 348 del Directorio del Banco de la Nación Argentina (BNA) no autorizan la privatización de la entidad. Según el fallo, para modificar el estatus jurídico del banco y proceder con su privatización, sería necesario que el Congreso Nacional sancione una ley específica.
El fallo llega como respuesta a una acción impulsada por trabajadores del BNA que, en representación de todo el colectivo de la entidad, cuestionaron la medida del gobierno libertario. Ramos Padilla enfatizó que el BNA no puede ser privatizado sin la intervención del Congreso, dado que su creación y estructura actual son competencia exclusiva del Poder Legislativo.
El juez también señaló que la ley 27.742, sancionada tras un debate en el Congreso, excluyó explícitamente al Banco Nación de la lista de empresas estatales susceptibles de privatización, un aspecto clave en el fallo que pone un freno a los planes del gobierno.
Contexto de la privatización en Mendoza
Mientras la Justicia bloquea la privatización del BNA, la provincia de Mendoza fue escenario de la primera privatización en la era de Milei. El gobierno provincial, bajo la administración de Alfredo Cornejo, aprobó la transferencia de las acciones de IMPSA, una empresa de tecnología energética. La provincia de Mendoza, que controla el 21.4% de la compañía, decidió deshacerse de sus acciones ante una deuda acumulada de más de u$s500 millones.
La privatización de IMPSA fue respaldada por el Senado mendocino, que aprobó la medida tras una intensa discusión. Esta decisión refleja el enfoque del gobierno nacional y provincial de reducir la intervención estatal, aunque en el caso del BNA, la Justicia aún tendrá la última palabra.
Implicaciones para el gobierno de Milei
Este fallo judicial representa un golpe significativo para los planes de privatización de Milei, un pilar central de su agenda económica. A pesar de su discurso a favor de la reducción del rol del Estado, el gobierno se enfrenta a una barrera legal que podría prolongar el proceso. Además, la necesidad de contar con el apoyo del Congreso añade una capa de complejidad política que podría desafiar la capacidad del oficialismo para implementar reformas estructurales.
Mientras tanto, la privatización de IMPSA marca un precedente en el modelo de gestión de empresas estatales que Milei busca implementar, aunque el futuro de otras instituciones como el BNA sigue siendo incierto ante este nuevo obstáculo.
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