Un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) vinculadas a la familia militar presentó este martes un hábeas corpus en favor de los represores de la última dictadura militar (1976-1983) que se encuentran detenidos en las penitenciarías federales. El pedido, que había sido inicialmente rechazado por la Justicia, logró que su análisis continúe tras una nueva resolución.
La solicitud fue impulsada por nueve organizaciones, entre ellas la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina, dirigida por Cecilia Pando, y la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en Argentina, presidida por Silvia Ibarzábal, quien además ocupa el cargo de asesora en el Ministerio de Defensa. Las entidades buscan la liberación de los represores mayores de edad, argumentando que su detención vulnera los derechos humanos, específicamente la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que, según afirman, los considera una «población vulnerable».
El hábeas corpus incluye a “todas las personas mayores detenidas” y apunta a aquellos represores cuya edad avanzada ha generado preocupación en torno a su estado de salud y condiciones de detención. Entre los nombres más conocidos que figuran en esta categoría se encuentran Alfredo Astiz, Jorge Acosta y Adolfo Donda, todos condenados por crímenes de lesa humanidad. Estos exmilitares fueron visitados por diputados del espacio La Libertad Avanza en julio de este año, lo que generó controversia y reavivó el debate sobre su situación judicial.
El pedido fue inicialmente desestimado por el juez Martín Yadarola, quien lo rechazó in limine al considerarlo genérico e indiscriminado. Según su fallo, cada solicitud de liberación debía ser tratada de manera individual por el juez correspondiente a cada causa. Sin embargo, las organizaciones apelaron la decisión, y la Sala de Hábeas Corpus de la Cámara del Crimen revocó la resolución, argumentando que el juez Yadarola debía haber realizado una audiencia previa a su fallo.
Como resultado, las ONG presentaron una lista con los nombres de 80 represores que se beneficiarían de esta acción. Si bien la nómina de detenidos no ha sido difundida públicamente, el juez Yadarola solicitó información detallada sobre la situación procesal de cada uno de los involucrados. Según las últimas novedades, se convocará una audiencia para analizar el pedido en profundidad, luego de que se recabe toda la información pertinente.
Este hábeas corpus ha generado controversia en medio del debate sobre los derechos humanos en Argentina, particularmente en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. La resolución del caso podría sentar un precedente en el tratamiento de los represores detenidos, mientras se mantiene una mirada crítica sobre la situación de los derechos humanos en el país y la exigencia de justicia para las víctimas del terrorismo de Estado.
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