La reciente condena a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción ha reabierto el debate sobre la relación entre la política y el poder judicial en Argentina. Más allá de las particularidades de cada caso, lo que subyace en la condena de CFK es una profunda reflexión sobre la independencia de la justicia, la lucha contra la impunidad y las irregularidades que persisten en el sistema judicial argentino. No podemos dejar de preguntarnos: ¿qué sucede cuando la justicia, que debe ser imparcial y actúa en nombre del pueblo, se ve influenciada por la política y sus intereses? Este fenómeno no es exclusivo de la esfera nacional. En Córdoba, por ejemplo, varios funcionarios y ex funcionarios han sido investigados y hasta condenados por delitos graves, pero el paralelismo con el caso de Fernández de Kirchner revela una preocupante «amistad» entre el poder judicial y el poder político local, que se traduce en lentitud, falta de contundencia y, en algunos casos, impunidad.
El “Caso Fernández de Kirchner” y el Poder Judicial
La condena de Cristina Fernández de Kirchner en el caso de la causa Vialidad ha dividido a la sociedad argentina. Mientras algunos celebran la decisión judicial como un avance en la lucha contra la corrupción, otros la ven como parte de una persecución política, producto de un sistema judicial que, según denuncian sus defensores, carece de imparcialidad. Sin embargo, más allá de la opinión pública y los vaivenes del debate político, lo que es claro es que la condena de una figura política de tal magnitud no debe ser vista como un hecho aislado, ni mucho menos un triunfo definitivo de la justicia, sino más bien como una muestra de la vulnerabilidad del sistema judicial ante las presiones del poder político.
En este sentido, surge la pregunta: ¿en qué medida el poder judicial de Córdoba es igualmente vulnerable a esas influencias? ¿Qué ocurre cuando, en lugar de actuar con total independencia, la justicia termina siendo un engranaje más de un sistema político que busca protegerse a sí mismo?
Córdoba: Un Poder Judicial Amistoso con el Poder Político
En Córdoba, los casos de corrupción han tocado a diversos funcionarios de distintos niveles, muchos de ellos ligados al partido gobernante en la provincia. Políticos y ex funcionarios de relevancia, como José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti, Abelardo Ferrán, Ricardo Sosa, entre otros, han sido investigados por diversos delitos vinculados a malversación de fondos, abuso de poder y corrupción. Sin embargo, muchos de estos casos no han avanzado con la rapidez que deberían haber tenido, y en algunos, las condenas han sido notoriamente tibias o nulas.
El caso de Abelardo Ferrán, ex Ministro de Salud de Córdoba, es un ejemplo claro. Condenado por malversación de fondos públicos en 2017, su sentencia fue simbólica, en parte porque nunca cumplió con la pena, y en parte porque el escándalo no tuvo la repercusión mediática ni judicial que casos similares en otras provincias habrían generado. ¿Qué pasa cuando la justicia, en lugar de garantizar que todos los ciudadanos sean tratados por igual, se vuelve complaciente con aquellos que están cerca del poder político?
Además, figuras de la actual administración, como el gobernador Juan Schiaretti, nunca han sido imputadas por causas relevantes, a pesar de que varios de sus funcionarios de primera línea han sido mencionados en investigaciones por presuntos vínculos con empresas constructoras, irregularidades en la adjudicación de obras públicas y la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos. Schiaretti, a pesar de los cuestionamientos, sigue disfrutando de una relación casi inquebrantable con la justicia cordobesa, lo que genera suspicacias sobre el verdadero nivel de independencia de los tribunales en la provincia.
El Paralelismo: ¿Por qué la Justicia en Córdoba También es Vulnerable?
En términos de justicia, lo que ocurre en Córdoba es, en muchos aspectos, similar a lo que ocurre a nivel nacional, aunque con una escala y un enfoque diferente. En la provincia, el poder judicial y el poder político están profundamente entrelazados. A lo largo de los años, diversos sectores han denunciado cómo el poder político local, especialmente el oficialismo, ha logrado una simbiosis con la justicia, lo que se traduce en una justicia complaciente, lenta o, en algunos casos, directamente inactiva frente a investigaciones relevantes.
Este fenómeno no es exclusivo de un sector político. Se extiende a varios partidos y gobiernos provinciales, en donde el poder judicial, lejos de ser un órgano autónomo y apegado al principio de igualdad ante la ley, termina siendo una herramienta más del poder político. Esto afecta a todos los ciudadanos, ya que en lugar de una justicia que garantice el equilibrio y el respeto por los derechos de todos, se configura un sistema que protege los intereses de unos pocos.
Este tipo de «amistad» entre el poder político y el judicial no hace más que reforzar la sensación de que la justicia no actúa de forma imparcial. En lugar de ser un contrapeso que controle los excesos del poder, la justicia se convierte en cómplice de los mismos, asegurando que no haya consecuencias para aquellos que abusan de su posición.
El Futuro de la Justicia en Córdoba: Necesidad de Autonomía y Equidad
Si bien la condena a Cristina Fernández de Kirchner ha sido un paso importante en el camino hacia la justicia, debe servir como recordatorio de que la lucha contra la corrupción y el abuso de poder no termina con la condena de una figura pública. En Córdoba, la justicia necesita reforzar su independencia y terminar con la impunidad que ha caracterizado a muchos casos. Si no hay una verdadera separación de poderes, el sistema judicial seguirá siendo una pieza más del engranaje político, y las condenas serán una excepción, no la regla.
La justicia debe ser un faro de transparencia, no un reflejo de las alianzas políticas. Los cordobeses, al igual que los argentinos en general, merecen un sistema judicial que actúe sin miedo, sin intereses políticos, y con un compromiso claro con la verdad y la justicia.
El caso de Cristina Fernández de Kirchner ha puesto de relieve muchas de las falencias y paradojas del sistema judicial argentino, que no escapan a la provincia de Córdoba. La «amistad» entre la justicia y el poder político, lejos de garantizar un sistema equilibrado y justo, ha generado una justicia complaciente, con una relación simbiótica que favorece a aquellos en el poder. Para que la justicia sea realmente equitativa y eficaz, es esencial que el poder judicial se desprenda de las influencias externas y actúe con independencia y firmeza, sin importar el nivel de poder de los involucrados.
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