El fiscal Guillermo González dispuso la libertad de cinco efectivos tras recibir el informe toxicológico y la autopsia que revelaron un fallecimiento vinculado a un infarto y condiciones preexistentes.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!El fiscal Guillermo González dispuso la libertad de cinco efectivos tras recibir el informe toxicológico y la autopsia que revelaron que la presunta víctima, Guillermo Bustamante, padecía de condiciones preexistentes, había consumido cocaína y presentaba cardiopatía. En consecuencia, se modificó la acusación inicial de homicidio agravado y encubrimiento, pasando a imputar a los agentes por homicidio preterintencional, entendiendo que su intervención, aunque relacionada, no fue la causa directa del deceso.
La abogada defensora, Mónica Picco, representante del cabo Juan Martín, explicó:
«En el día de la fecha se ha dispuesto el cambio de calificación a la luz de la notoria y evidente prueba de la autopsia definitiva sobre la presunta víctima, en la que se constató que Bustamante había consumido cocaína, padecía cardiopatía y otras enfermedades, y ya había presentado episodios similares. En base a estos hechos se determinó que no existió el dolo requerido para el homicidio calificado, motivo por el cual se dispuso la detención de los cinco policías. Al cambiar la calificación a homicidio preterintencional, se ha resuelto otorgarles la libertad. Nosotros, como defensa, tampoco acordamos esta nueva calificación, si bien es menos gravosa, ya que consideramos que nuestro defendido actuó conforme al protocolo, por lo cual no le cabe reproche penal alguno. Esto quedará sujeto al despliegue de la defensa al tener acceso al expediente; de momento, únicamente la autopsia fue suficiente para determinar que los hechos no sucedieron como se había trascendido públicamente mediante testimonios falaces sobre estrangulamiento o violencia excesiva. La autopsia habló por sí sola, demostrando que todo ello no se ajustaba a la verdad, y seguiremos trabajando para demostrar la absoluta inocencia del policía, quien cumplió únicamente con su deber.»
El cambio en la calificación legal representa un giro determinante en el caso, reconfigurando la discusión en torno a la responsabilidad penal de los efectivos y resaltando la importancia de la evidencia pericial en la investigación. La decisión ha generado amplio debate en la sociedad y en los ámbitos jurídicos, destacando la necesidad de revisar las prácticas y protocolos de intervención policial.
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