Proyecto de ley en Formosa busca eliminar derechos de exportación para productos agropecuarios

El senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, ha presentado un proyecto de ley destinado a promover la eliminación de los derechos de exportación que afectan a los productos agropecuarios de la provincia, especialmente a los cereales y oleaginosas. La iniciativa busca aumentar la competitividad del sector y fomentar el desarrollo económico de la región.

Si el proyecto se convierte en ley, implicaría un reintegro del 100% de los montos por retenciones (derechos de exportación) que se abonan por la venta de estos productos en el exterior. Los beneficiarios serían tanto personas físicas como jurídicas que puedan demostrar la explotación agrícola en Formosa y contar con la documentación que acredite la titularidad o posesión legal de sus establecimientos.

La propuesta asigna a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación la responsabilidad de controlar y regular la medida. Asimismo, establece que la entrada en vigencia de la ley se concretará con su publicación en el Boletín Oficial y la posterior reglamentación, lo que significa que no comenzará a aplicarse hasta que el organismo de aplicación determine los detalles necesarios mediante un decreto reglamentario.

Durante el primer semestre de 2024, la exportación de productos desde Formosa alcanzó los 19 millones de dólares, lo que representa un incremento del 73,6% en comparación con el mismo período de 2023. Según datos del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), los principales productos exportados incluyen cereales, productos de origen animal, semillas y frutos oleaginosos.

Si se obtienen las mayorías necesarias en el Congreso, esta medida podría significar la creación de un régimen diferenciado para la provincia, aunque también conllevaría una caída en la recaudación de los derechos de exportación que ingresan al Estado. En septiembre de 2024, la recaudación de estos derechos alcanzó los 539.862 millones de pesos. La propuesta de Paoltroni, por lo tanto, generará un importante debate en el ámbito legislativo sobre su viabilidad y sus implicancias económicas.


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