El clima político y judicial en Argentina se intensificó con una jugada inesperada que podría redefinir la composición de la Corte Suprema. A una semana de que finalicen las sesiones ordinarias en el Congreso, el Instituto Patria celebraba la firma de la senadora kirchnerista Lucía Corpacci, quien avaló el dictamen de comisión que permitiría llevar al pliego del juez federal Ariel Lijo al recinto. Este pliego era el noveno voto que faltaba para completar la designación de Lijo en la Corte, pero lo que parecía ser una victoria para el oficialismo se transformó en un complejo entramado que pone en tensión la relación entre el Gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo.
El viernes, cuando la noticia de la firma de Corpacci se filtró, en el seno del oficialismo se respiraba satisfacción, pues parecía abrir una puerta para una negociación con el Senado. Sin embargo, la situación es mucho más compleja de lo que parece. Fuentes judiciales interpretaron el gesto de Cristina Kirchner como un “abrazo de oso” a Milei, quien ahora enfrenta una incómoda presión para firmar un decreto en comisión, sin el respaldo pleno del Congreso. Este decreto permitiría que Lijo y el también juez Manuel García Mansilla asuman en la Corte, sin la validación del Senado, lo que podría generar una crisis institucional.
La firma de Corpacci, según el oficialismo, podría fortalecer la posibilidad de que Lijo sea designado en comisión, otorgando al Gobierno un año para que el Senado valide su nombramiento. Sin embargo, este movimiento también podría ser interpretado como una estrategia para evitar que Milei avance por decreto, ya que el Congreso está dando pasos formales hacia la designación, aunque no con los dos tercios necesarios. Este dilema deja a Milei atrapado entre la posibilidad de asumir el costo político de avanzar sin consenso, o ceder ante una jugada que podría minar su autoridad.
La Resistencia de Ariel Lijo
Uno de los obstáculos principales para avanzar con el decreto es la resistencia de Ariel Lijo, quien ha dejado claro que no aceptaría asumir la Corte por decreto. Fuentes cercanas al juez aseguraron que, aunque firmó para avanzar con su pliego, no está dispuesto a someterse a una designación que podría dañar su carrera a largo plazo. Lijo, quien ocupa un cargo clave como juez federal de Comodoro Py, debería renunciar o pedir una licencia para asumir en la Corte, un procedimiento que, según la normativa vigente, requeriría la aprobación de la misma Corte. Este detalle complica aún más la maniobra del Gobierno, que depende de una respuesta favorable de Lijo para cerrar la composición del tribunal.
La Estrategia del Kirchnerismo y el Futuro de la Corte
Desde el oficialismo, algunos especulan que la firma de Corpacci es una invitación a negociar con el kirchnerismo para una ampliación de la Corte o incluso para buscar otro nombre en lugar de García Mansilla, el candidato preferido de Milei para ocupar el cargo vacante. Aunque los rumores de una ampliación se han desmentido, el escenario se complica con la presión por completar las vacantes de la Corte antes de que inicie la feria judicial en enero.
La situación está lejos de resolverse y genera incertidumbre sobre el futuro de la Corte y la relación entre los poderes del Estado. La decisión de Cristina Kirchner de firmar el dictamen para Lijo podría ser interpretada como una jugada política de gran envergadura, un desafío al Gobierno de Milei, que ahora deberá decidir cómo avanzar en medio de una pulseada judicial que podría tener repercusiones políticas a largo plazo.
La Carrera por la Casación
Mientras se dirime el futuro de la Corte, el Gobierno también se enfrenta a un desafío en la Cámara Federal de Casación Penal, que está en proceso de renovación. Con tres vacantes en juego, los concursos judiciales para cubrir estas posiciones se están llevando a cabo bajo el radar. En la primera lista preliminar, destacan nombres como el de la jueza María Gabriela López Iñíguez, el juez José Michilini, y el fiscal Leonel Gómez Barbella, entre otros. Sin embargo, la renovación de la Casación también está marcada por la necesidad de equilibrar género en las ternas, lo que podría complicar aún más las negociaciones internas.
El futuro de la justicia argentina, en especial el de la Corte Suprema y la Cámara de Casación, depende de una serie de decisiones políticas y jurídicas que se tomarán en las próximas semanas. Mientras el oficialismo se debate entre avanzar por decreto o negociar con el kirchnerismo, el país observa cómo se definen los próximos movimientos en este juego de poder entre los principales actores políticos y judiciales.
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