En la última sesión del 2024, la Legislatura de Córdoba aprobó una nueva ley que fortalece las facultades de la Policía Ambiental de la provincia y establece un régimen sancionatorio más eficiente en materia hídrica, ambiental y de recursos naturales. La medida busca ordenar y consolidar las disposiciones relativas a las sanciones ambientales y agilizar el proceso de aplicación de las mismas.
La ley, aprobada en la 22ª Sesión Ordinaria del 146° Período Legislativo, también crea el Tribunal Administrativo Ambiental, un órgano especializado en resolver sobre las infracciones y sanciones relacionadas con el medio ambiente. Esta nueva estructura tiene como objetivo separar las funciones de control y fiscalización de las de sanción, lo que permite un funcionamiento más ágil y efectivo.
La iniciativa fue impulsada por los legisladores Miguel Siciliano, Abraham Galo, Walter Gispert, Julieta Rinaldi y María Victoria Busso, con el propósito de consolidar una gestión ambiental más responsable y proactiva, que permita proteger de manera más eficaz los recursos naturales y el entorno de la provincia.
Objetivos clave de la nueva ley
El proyecto busca cumplir con dos objetivos fundamentales:
- Clarificar los procedimientos y sanciones: La ley establece con mayor precisión los procedimientos y sanciones aplicables a quienes incumplan las normativas ambientales en la provincia.
- Crear un órgano especializado: Se crea el Tribunal Administrativo Ambiental, encargado de resolver sobre las infracciones ambientales de forma independiente del organismo que realiza las inspecciones. Esto refuerza y agiliza el sistema sancionatorio, mejorando la respuesta ante las violaciones.
Unificación de sanciones y nuevos procedimientos
Uno de los aspectos destacados de la ley es la unificación de la unidad de multa, que a partir de ahora se medirá en litros de combustible, lo que simplifica la aplicación de sanciones. También se incorporan sanciones conminatorias, como las multas diarias, para asegurar el cumplimiento efectivo de las sanciones y las obligaciones de remediación impuestas.
La normativa también establece un procedimiento sancionatorio ambiental específico, que facilitará la implementación de las sanciones y mejorará el control en la provincia.
Fortalecimiento de la fiscalización ambiental
Para la Ministra de Ambiente y Economía Circular, María Victoria Flores, esta ley es un paso importante para mejorar la fiscalización y el control ambiental en Córdoba. “Es necesario avanzar en sanciones efectivas y hacerlas cumplir, porque el daño ambiental requiere de una actuación rápida”, destacó.
El avance de esta normativa, que se complementa con la creación de la Policía Ambiental en 2012, separa las funciones de otorgamiento de licencias ambientales y las de control y fiscalización. Ahora, con la creación del Tribunal Administrativo Ambiental, Córdoba fortalece su sistema de protección ambiental, asegurando una respuesta más rápida y efectiva ante cualquier infracción.
Mejor eficiencia en la protección de recursos naturales
El Secretario de Policía Ambiental, Adrián Rinaudo, resumió el objetivo central de la ley: «El objetivo de la ley es despegar los órganos de control de los de sanción, y poder fortalecer las funciones en cada una de las áreas. La finalidad es reducir los tiempos de los procedimientos para cuidar mejor el ambiente, lograr la viabilidad en la recomposición ambiental, y evitar el colapso en la resolución de las causas».
Con esta nueva legislación, Córdoba da un paso más hacia una gestión más eficiente y efectiva de sus recursos naturales, con el fin de garantizar un futuro más sostenible y una respuesta más ágil ante los desafíos ambientales.
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