El Gobierno de Javier Milei ha enviado un contundente descargo al juzgado de Loretta Preska, jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tras la solicitud de la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) de que se revoque el fallo en contra de Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, que obliga al país a pagar 16.100 millones de dólares.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!RAFA, liderada por el abogado Fernando Irazu, había solicitado la intervención de la jueza para que se instruyera al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a otros organismos relevantes para investigar un supuesto esquema de corrupción vinculado a la familia Kirchner y los Eskenazi, que habría afectado tanto a la Argentina como a la petrolera YPF. La ONG pidió que se suspendiera el juicio mientras se realiza esta investigación penal y que, en caso de corroborarse las acusaciones, se anule la sentencia que obliga a pagar los 16.100 millones de dólares.
En su respuesta, el Gobierno argentino no solo apoyó el pedido de RAFA, sino que también solicitó que se investiguen las supuestas irregularidades relacionadas con la nacionalización de YPF en 2012, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El Ejecutivo argentino aseguró que, si RAFA tiene pruebas sobre fraude o corrupción, estas deben ser presentadas ante la Corte, y reiteró que algunas de las acusaciones planteadas están siendo investigadas en el país.
«Argentina ha experimentado de primera mano cómo la corrupción no solo impacta casos específicos, sino que también socava la integridad de los derechos republicanos y las instituciones democráticas», destacó el escrito presentado al juzgado. Además, subrayó que el país «se reserva el derecho de llamar la atención del Tribunal sobre los resultados de esas investigaciones en el momento adecuado, si fuera necesario».
El Gobierno también destacó que, bajo la presidencia de Milei, se tomaron en serio las acusaciones de corrupción y se comprometieron a investigar a fondo cualquier denuncia creíble. El documento finalizó con una afirmación clara: Argentina cooperaría plenamente con cualquier investigación realizada por los Estados Unidos, aunque también sostenía que los tribunales de ese país no eran el foro adecuado para resolver los reclamos de los demandantes.
El Caso YPF y el Juicio por la Expropiación
La expropiación de YPF fue dispuesta en 2012 por el Gobierno de Cristina Fernández Kirchner, cuando el Estado argentino adquirió el 51% de las acciones de la petrolera que pertenecían a la española Repsol. Sin embargo, la medida no cumplió con los procedimientos legales establecidos, como la oferta pública de adquisición de las acciones restantes, lo que generó un conflicto con los accionistas minoritarios.
En 2015, Burford Capital y Eton Park iniciaron una demanda en Estados Unidos contra Argentina, argumentando que el país incumplió con sus obligaciones hacia los accionistas minoritarios, como el Grupo Petersen de la familia Eskenazi, que había adquirido el 25% de las acciones de YPF durante el mandato de Fernández de Kirchner.
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló a favor de los demandantes, dictando que Argentina debía pagar 16.100 millones de dólares. De esta cifra, 14.400 millones correspondían a Burford Capital y 1.700 millones a Eton Park, fondos que adquirieron el derecho a litigar en nombre de los accionistas afectados.
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