Este viernes, el Gobierno de Javier Milei formalizó la inclusión del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), a través de la Resolución 210/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional. La medida, firmada por la ministra Patricia Bullrich, se debe a la presunta implicación de la organización en incendios intencionales que han afectado diversas áreas de la Patagonia desde 2010.
La resolución sostiene que los actos cometidos por la RAM, tales como atentados incendiarios contra viviendas, vehículos y maquinarias, así como ataques a personas con el fin de sembrar el terror, cumplen con las características del terrorismo según el Código Penal argentino. De acuerdo con el Gobierno, estas acciones fueron llevadas a cabo con un propósito claro de generar temor y desestabilización, y han aumentado en intensidad desde la derogación del Decreto Nº 805/21, que impedía los desalojos de tierras usurpadas.
En particular, se señala que el líder de la organización, Facundo Jones Huala, ha reivindicado públicamente estos actos violentos como una forma de presión política. Jones Huala, quien ya había sido denunciado por el Gobierno en relación con sus declaraciones, expresó en diversas ocasiones que las acciones violentas y los sabotajes forman parte de la lucha por la liberación de los pueblos originarios.
Una nueva inclusión en el Registro de Terrorismo
Con esta decisión, la RAM se une a otras organizaciones terroristas de origen islámico, como Hezbolá, Hamás, Al Qaeda, el Talibán, ISIS y la Jihad Islámica, que también figuran en el RePET, el cual facilita el acceso e intercambio de información sobre grupos y personas vinculadas a actos de terrorismo o su financiamiento. Esta medida subraya la postura del Gobierno de Milei de adoptar un enfoque más firme frente a las organizaciones que consideren terroristas y que busquen desestabilizar la seguridad nacional.
Desde el Gobierno, se ha reiterado que no hay espacio en Argentina para la violencia y el terrorismo, y que aquellos que cometen tales actos deben ser responsabilizados en conformidad con las leyes nacionales e internacionales.
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