Después de largos meses de reclamos, marchas y declaraciones cruzadas, el Gobierno nacional convocó oficialmente a los gremios estatales ATE y UPCN a una mesa de negociación paritaria. La reunión está prevista para este miércoles a las 15 horas en la Secretaría de Trabajo. Será la primera instancia formal de diálogo entre las partes desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
La convocatoria llega en un contexto de fuerte deterioro salarial para los trabajadores del sector público, que denuncian una pérdida considerable del poder adquisitivo desde diciembre. La posición de los gremios es contundente: no aceptarán propuestas por debajo de los $1.869.000, monto que, aseguran, equivale al valor actual de la canasta familiar.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue enfático al respecto: «Es nuestro derecho constitucional. Si la propuesta no contempla la recuperación de todo el poder adquisitivo perdido, no habrá posibilidad de ningún acuerdo». Además, lanzó un mensaje directo al Presidente: «Sacaste del freezer las paritarias, Javier Milei, ahora espero que saques los salarios del subsuelo».
Desde los sindicatos dejaron en claro cuáles son sus condiciones innegociables: un salario mínimo de $1.869.000, la recuperación del poder adquisitivo perdido, rechazo a cualquier oferta por debajo de la inflación y el fin de lo que llaman «salarios con cepo».
La administración libertaria enfrenta así un nuevo desafío. Por un lado, el Gobierno insiste en mantener a rajatabla el equilibrio fiscal como eje central de su política económica. Por otro, el conflicto con los trabajadores estatales podría derivar en nuevas medidas de fuerza si no se alcanzan acuerdos concretos.
Durante los últimos meses, ATE y UPCN protagonizaron una serie de movilizaciones reclamando por la reapertura de paritarias. La falta de actualización salarial y la creciente inflación fueron los principales motivos de las protestas. Ahora, con la negociación sobre la mesa, los gremios esperan una propuesta seria y superadora.
La cita del miércoles será determinante. El resultado de esta instancia podría marcar el tono del vínculo entre el Gobierno nacional y los sindicatos estatales en los próximos meses. Si no hay acuerdo, se avecina una nueva etapa de conflictividad laboral.
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