El Gobierno Nacional dio un paso clave en su plan de privatización de la Red Vial Nacional, con la publicación del Decreto 28/2025 en el Boletín Oficial, que marca el inicio formal del proceso. La medida tiene como objetivo principal «reducir el gasto público» y está enfocada en la licitación de ocho tramos de rutas y autopistas, que abarcan más de 9000 kilómetros.
El decreto establece que el proceso de privatización tendrá un plazo de un año para su implementación, en el cual se otorgarán concesiones por peaje para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las rutas, con la posibilidad de generar ingresos adicionales a través de nuevas explotaciones complementarias.
El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, será el responsable de la modificación de los tramos y de la convocatoria a la Licitación Pública Nacional e Internacional. El Ministerio también se encargará de aprobar los pliegos y contratos, organizar la Comisión de Concesiones y calificar a los oferentes, entre otras tareas administrativas.
Privatización de la «Ruta del Mercosur» y otras importantes rutas
Uno de los tramos más destacados de este plan es la denominada «Ruta del Mercosur», un corredor clave para el comercio regional que conecta a Argentina con Brasil, Paraguay y Uruguay. El gobierno busca, con esta medida, reducir el tamaño del Estado, disminuir el déficit fiscal y asegurar la transparencia en la gestión pública, basándose en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
Las rutas específicas que estarán bajo la concesión incluyen la Ruta 12 (desde Zárate a Ceibas y desde Ceibas hasta Gualeguay), la Ruta 14 (desde Ceibas hasta Paso de los Libres), la Ruta 135 (de Colón a General Artigas), la A-015 (de Concordia a Represa Salto Grande), la Ruta 117 (de Paso de los Libres a Agustín P. Justo y de Agustín P. Justo al límite con Brasil), y la Ruta 174 (de Rosario a Victoria).
Reacciones y expectativas
El avance en la privatización ha generado reacciones mixtas. Mientras el Gobierno argumenta que la medida permitirá una gestión más eficiente y transparente de las rutas nacionales, sectores de la oposición y algunos economistas se muestran cautelosos ante los posibles impactos que esta privatización podría tener en el acceso a servicios de transporte y en la calidad de las infraestructuras.
El proceso de licitación también será observado de cerca por empresarios y actores políticos, quienes debatirán sobre las implicaciones económicas y sociales de este nuevo modelo de gestión para las rutas nacionales.
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