En medio del receso judicial, el gobierno de Javier Milei recibió un golpe inesperado a su plan de reducción de personal en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, habilitada en feria, dictó una medida cautelar que suspendió los despidos de empleados del organismo recaudador, lo que frenó el avance del plan de «motosierra» impulsado por la gestión libertaria.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!El tribunal del alzada, con el voto en disidencia del juez Mario Fera, consideró que las desvinculaciones proyectadas por el Ejecutivo podrían constituir una violación de los convenios colectivos de trabajo. La decisión revocó la sentencia de primera instancia y dio la razón al reclamo presentado por el gremio de los trabajadores estatales, cuyos representantes habían solicitado la medida de no innovar para proteger la estabilidad laboral en el organismo.
La medida cautelar y el freno al plan de despidos
La Cámara de Apelaciones instó al Ejecutivo y a la conducción del ARCA a abstenerse de tomar medidas que pudieran ser perjudiciales para la estabilidad laboral de los empleados y funcionarios del Estado. Este fallo echó por tierra el plan del Gobierno de reducir un 80% los sueldos de los directivos y recortar la dotación de personal del organismo, una medida anunciada por Milei en el marco de su plan de austeridad.
El conflicto surgió cuando, a poco de asumir la dirección del ARCA, Juan Pazo implementó una serie de despidos que afectaron al 15% de la plantilla, lo que implicaba la desvinculación de 3.155 trabajadores. El Ejecutivo argumentó que estos despidos eran necesarios debido al «exceso de personal» acumulado en la ex AFIP durante los últimos años, pero los gremios y la Justicia consideraron que las medidas atentaban contra los derechos laborales de los empleados.
El reclamo de los sindicatos
El gremio SUPARA, que representa a los empleados de la Aduana, y otras organizaciones sindicales presentaron una demanda basada en el riesgo que implicaba el informe del Gobierno de Javier Milei ante el Senado, que anticipaba una «restructuración» que afectaría a los derechos laborales de los trabajadores. Según los sindicatos, el plan del Ejecutivo para reducir la nómina de empleados del ARCA ignoraba las garantías de estabilidad laboral previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo.
El Gobierno, por su parte, intentó declarar incompetente a la Justicia del Trabajo para resolver este caso, argumentando que aún no se habían producido despidos masivos. Sin embargo, tanto la Cámara de Apelaciones como el Ministerio Público Fiscal coincidieron en que el reclamo sindical tenía base en el derecho laboral y que la protección de la estabilidad de los trabajadores estatales debía ser garantizada por la Justicia.
La posición de la Cámara y el voto de disidencia
El voto mayoritario de la Cámara, compuesto por los jueces Roberto Pompa y Gabriel De Vedia, concluyó que existía una «amenaza concreta» a la estabilidad laboral dentro del organismo de recaudación. En su voto, el camarista De Vedia explicó que la medida cautelar se justificaba por la existencia de un peligro en la demora y la verosimilitud del derecho, ya que los despidos aún no se habían concretado, pero la amenaza era inminente.
El magistrado también criticó la sentencia de primera instancia que había desestimado el reclamo de los trabajadores, argumentando que la falta de despidos no impedía el reclamo judicial, dado que la reestructuración de la planta del ARCA ya había sido anunciada por el Gobierno.
La situación de los trabajadores y la resolución judicial
La decisión de la Justicia laboral representa un respiro para los trabajadores del ARCA y para el sindicato que los representa, ya que frena temporalmente el proceso de despidos masivos impulsado por el Ejecutivo. Los gremios destacaron que esta medida cautelar reafirma la protección de los derechos laborales y la estabilidad de los empleados del Estado, en un contexto donde los ajustes fiscales y la reducción de personal en el sector público son una de las principales prioridades del Gobierno de Milei.
El fallo también reitera la importancia de respetar los convenios colectivos de trabajo y las leyes que protegen a los empleados del Estado, un principio que, según los sindicatos, no debe ser vulnerado por decisiones administrativas que puedan poner en riesgo sus condiciones laborales.
El conflicto entre el Gobierno y los sindicatos en el ARCA sigue siendo una de las principales disputas en el ámbito laboral, y la resolución de la Cámara de Apelaciones podría tener implicancias sobre otras decisiones similares que el Ejecutivo pretenda llevar adelante en el futuro.
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