La provincia de San Luis comenzará, a partir de la próxima semana, a implementar los primeros narcotests para funcionarios de los tres poderes del Estado. Tras una prueba piloto, el 17 de febrero se llevará a cabo la primera tanda de análisis, con 100 pruebas realizadas a funcionarios sorteados. El mecanismo de selección se realizará a través de la Lotería Provincial.
El objetivo de esta medida, que fue establecida por ley, es detectar el consumo de drogas ilegales como cocaína, marihuana, anfetaminas, entre otras. Los funcionarios que den positivo en los exámenes o se nieguen a realizarlos enfrentarán severas sanciones. De acuerdo con lo estipulado por la ley, aquellos funcionarios del Poder Ejecutivo que resulten positivos serán removidos de sus cargos de manera inmediata mediante un decreto.
Se estima que unos 1.500 funcionarios serán afectados por los narcotests, que incluirán a jueces, legisladores, ministros y directores de organismos descentralizados. Además, la particularidad de esta medida es que cada persona sorteada deberá asumir el costo de la prueba, que, según estimaciones oficiales, podría rondar los $40.000.
El proceso de implementación fue explicado por Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión de la provincia. Bazla detalló que todos los funcionarios están identificados con un número que será entregado a la Caja Social y Financiera de San Luis, encargada de realizar el sorteo. Los 100 funcionarios seleccionados serán notificados por correo electrónico o WhatsApp y tendrán 24 horas para presentarse en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis, donde se realizarán los análisis.
En caso de no asistir o negarse a realizar el test, los funcionarios del Ejecutivo perderán automáticamente su puesto. Por su parte, aquellos pertenecientes al Poder Judicial o Legislativo quedarán sujetos a un juicio político o un jurado de enjuiciamiento.
El origen y la ley que impulsa los narcotests
La normativa que establece la obligatoriedad de los narcotests fue impulsada por la diputada Marisa Patafio, del espacio político del gobernador Claudio Poggi. Si bien el proyecto inicialmente no obtuvo los votos necesarios en la Legislatura, Poggi firmó un decreto voluntario para él, su vicegobernador y los ministros de su gabinete, lo que generó un fuerte impacto mediático. Poco después, la Cámara de Diputados aprobó la medida y el Senado provincial la convirtió en ley por unanimidad el 12 de noviembre.
El decreto lleva por nombre “Ejemplaridad y Coherencia por parte de los Poderes Públicos en la Lucha contra el Narcotráfico” y establece que todos los funcionarios de los tres poderes del Estado, tanto del Ejecutivo, Legislativo como Judicial, deben someterse a los exámenes toxicológicos. La ley incluye desde el gobernador y el vicegobernador hasta ministros, directores de organismos descentralizados, jueces y miembros del Tribunal de Cuentas, entre otros cargos.
Cómo se llevará a cabo el narcotest
Los exámenes tendrán como objetivo detectar el consumo de diversas sustancias, como cocaína, marihuana, anfetaminas, opiáceos, barbitúricos, entre otras. El procedimiento consistirá en un screening bioquímico inicial, y si el resultado es positivo, el funcionario podrá solicitar una contraprueba mediante cromatografía de líquidos asociada a espectrometría de masas.
El sorteo para determinar quiénes serán evaluados se realizará mensualmente, y los funcionarios previamente evaluados serán excluidos de los sorteos posteriores. El primer sorteo afectará a 1.500 funcionarios, pero con el tiempo, este número se irá reduciendo a medida que se realicen los testeos.
Un antecedente en Córdoba
San Luis no es la única provincia que ha implementado este tipo de controles. En julio del año pasado, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se sometió voluntariamente a un narcotest en cumplimiento de la Ley 10954 de Seguridad Pública y Ciudadana, que también establece exámenes obligatorios para funcionarios públicos en la provincia.
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