El diputado porteño de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, presentó este miércoles un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de que las personas condenadas con sentencia firme asuman los costos derivados de su detención. Según Santoro, la medida permitiría recaudar más de $2.200 millones al mes, aliviando así el gasto público de la Ciudad.
La propuesta establece la creación de un Sistema de Reintegro de Gastos Generados por Personas Privadas de la Libertad. A través de esta iniciativa, se pretende que los encarcelados cubran los gastos relacionados con su detención. «Las personas detenidas, ya sea de forma preventiva o como parte del cumplimiento de una pena, deberán afrontar los gastos vinculados a su detención», afirmó Santoro.
En su presentación, el legislador destacó que actualmente los costos de alojamiento y cuidado de las personas privadas de la libertad recaen completamente sobre los contribuyentes porteños. «Con esta iniciativa, buscamos aliviar esa carga, asignando a los responsables el costo de su detención, siempre respetando principios de dignidad humana y proporcionalidad», subrayó.
Costos de la detención en la Ciudad
El cálculo de los costos de detención lo realizará una autoridad designada por el Ejecutivo, basándose en el presupuesto destinado a la infraestructura, personal y cuidados necesarios para los detenidos en cárceles, alcaldías o comisarías de la Ciudad. Según datos oficiales, el costo diario de un detenido asciende a $27.000, lo que equivale a $810.000 por mes por cada persona privada de libertad. Teniendo en cuenta que hay alrededor de 2.800 detenidos en la Ciudad, Santoro estima que la medida podría generar una compensación al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de hasta $2.268 millones mensuales.
El diputado también señaló que muchas de las personas detenidas en la Ciudad son responsabilidad del Gobierno Nacional, y agregó que este debería hacerse cargo de los costos de detención o trasladarlas a prisiones bajo su jurisdicción.
Obligación de pago y trabajos compensatorios
El proyecto especifica que la obligación de cubrir los gastos será exigible únicamente a las personas con condena firme. En caso de que un detenido no pueda asumir el costo, se propone que realice tareas generales en el establecimiento penitenciario o en otras actividades asignadas, con el fin de resarcir a la Administración Pública de la Ciudad.
Santoro aclaró que la medida no busca extender la pena de los condenados ni ser punitiva, sino promover un equilibrio financiero para una mejor asignación de los recursos públicos, haciendo que cada persona se haga responsable de lo que le corresponde. «Es una manera de incentivar la responsabilidad individual y aliviar las cuentas públicas sin descuidar el respeto por los derechos humanos y la reintegración social», explicó.
Exenciones y condiciones del proyecto
El proyecto establece que una vez cubiertos los costos de estadía, los internos podrán generar más fondos a través de trabajos amparados por la Ley Nacional N° 24.660, que regula la ejecución de la pena privativa de libertad. Por otro lado, no será aplicable a las personas que resulten sobreseídas, y los costos de la detención se exigirán a partir de la sentencia de primera instancia, independientemente de si la sentencia queda firme o es apelada. Si la sentencia es revisada o revocada, la Ciudad deberá restituir el dinero.
Con esta propuesta, Santoro busca implementar una medida que no solo alivie las arcas públicas, sino que también incentive la reinserción social de los condenados, promoviendo su responsabilidad y respeto por las normas.
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